jueves, 26 de diciembre de 2013

Más capitalismo (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el pasado 26 de diciembre de 2013 en Catalejo del periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

A mediados de los años ochenta, un conocido quiso montar una pizzería en la ciudad de Bucaramanga. El día en que inauguró el restaurante lo visitaron dos hombres, haciendo muchas preguntas sobre su negocio. Al final, le advirtieron: “Nosotros somos los pizzeros de la ciudad y usted no puede trabajar en este barrio, debe ir a donde le digamos, si no lo hace, somos capaces de obligar a que nadie le venda queso para sus pizzas”. En efecto, los personajes representaban a la pizzería más grande de Bucaramanga, mi conocido tuvo que resignarse a montar su negocio en un lugar poco atractivo de la ciudad, señalado por los dos hombres.

Esta es solo una anécdota de una tragedia vieja de la sociedad colombiana: la ausencia de capitalismo. Ya sé, ya sé, la palabra ha sido tan denigrado en los últimos años que casi parece un insulto. Pero no lo es. Todo lo contrario, es más capitalismo lo que necesita Colombia. Por supuesto, esto supone que en nuestro país no funciona un sistema económico realmente capitalista. Sino, más bien, una economía de rentistas, latifundios y monopolios. La competencia está coartada por la influencia política y sin ella, la innovación y la productividad son casi imposibles de incentivar ¿para qué mejorar un proceso industrial que reduciría los costos de producción de un producto cuando se puede, por mucho menos, comprar un congresista que mantenga privilegios y subsidios?

Por eso no sorprende la poca innovación que acompaña el desarrollo económico en el país: en los últimos veinte años, Colombia ha registrado menos de trescientas patentes en los últimos veinte años. En 2012 fueron 12 (Chile registró 37 y Brasil 196). Tampoco es extraño que Colombia ocupe el puesto 89 en el Índice de Libertad Económica de 2013.Colombia necesita más capitalismo, sus problemas de innovación y desigualdad no están explicados por el supuesto “neo-liberalismo” o exceso de capitalismo, más bien, por la histórica ausencia de reglas de juego claras, estables e igualitarias, y la consecuente ausencia de real competencia entre empresarios.

El capitalismo es un sistema de iniciativa individual libre, en el que las relaciones económicas y sociales se regulan por unas reglas claras de igualdad; en las que los hombres se comprometen como agentes libres, pero respetuosos en la búsqueda de su sustento. Está determinado por la competencia, por el ideal liberal de que los logros son un asunto de mérito, no de cuna, ni de influencia política.Aunque algunos se revuelquen en sus sillas, el Libre Comercio es una de las mejores maneras de incentivar un capitalismo real, porque incluso cuando lleva tiempo y puede llegar a ser un poco traumático para una sociedad, aumenta la competencia entre empresarios y las opciones entre consumidores. El proteccionismo mantiene los monopolios y beneficia a los rentistas.

Colombia necesita reformas reales y profundas que incentiven la competencia libre y garanticen una arena de acción igualitaria para el desarrollo económico. El país necesita más capitalismo, pero del verdadero capitalismo.


Tuit: Las vías colombianas son su mejor ejemplo de nuestros peores vicios: corrupción política, favoritismo sectorial y desidia estatal.

MÁS CAPITALISMO - El Colombiano

MÁS CAPITALISMO - El Colombiano

...Ya sé, ya sé, la palabra ha sido tan denigrado en los últimos años que casi parece un insulto. Pero no lo es. Todo lo contrario, es más capitalismo lo que necesita Colombia. Por supuesto, esto supone que en nuestro país no funciona un sistema económico realmente capitalista. Sino, más bien, una economía de rentistas, latifundios y monopolios. 

jueves, 19 de diciembre de 2013

Los horrores de la guerra (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en Catalejo del periódico El Colombiano, el pasado 20 de diciembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

En la madrugada del 13 de diciembre murió el cabo Wilson Alejandro Cortez Rubio en las puertas de la Cuarta Brigada en Medellín, abatido luego de enfrentarse a disparos con agentes de la Policía. El confuso hecho ya es motivo de investigación por parte de las autoridades, sin embargo, algunas explicaciones preliminares vinculan a su posible padecimiento de estrés postraumático, un trastorno nervioso común entre los combatientes.

Un caso similar se presentó el pasado 12 de junio de 2012, cuando el reservista del Ejército Javier Osorio López apuñaló a su siquiatra en el consultorio donde lo atendía. El soldado había prestado servicio hasta el año 2008, y dos años después ganó una tutela para recibir tratamiento psiquiátrico, el doctor Pedro Sánchez Gaviria llevaba una semana viéndolo cuando fue asesinado.

Son dos casos específicos de una realidad preocupante: entre los años 1990 y 2010, 4.207 miembros de la Fuerza Pública colombiana resultaron heridos por caer en campos minados; en la última década, unos 18.999 soldados han sido heridos en combate, 2.377 en el último año, según datos del Ministerio de Defensa.

Sin importar las reservas sobre el futuro y las perspectivas de la negociación en La Habana, si se logra un acuerdo entre las Farc y el Gobierno el país no solo tendrá que reintegrar a un par de miles de guerrilleros desmovilizados. También va a recibir a muchísimos soldados, marinos y policías de los 444.518 que prestan servicio actualmente.

Porque aunque el Gobierno haya desestimado en varias ocasiones que se vaya a reducir el pie de fuerza, lo más probable es que, frente a los desafíos que dejará un supuesto acuerdo en La Habana –esto es, bandas de crimen organizado dedicas al narcotráfico y la extorsión- la apuesta de seguridad pública será muy diferente a la actual en términos del capital humano utilizado.

Ahora bien, los analistas parecen obsesionados con la desmovilización de los guerrilleros, pero probablemente volverán a ser civiles muchísimos más miembros de las Fuerzas Armadas y es una obligación moral de la sociedad colombiana diseñar políticas que los acojan con trabajos de calidad, atención médica y psicológica enfocada en sus necesidades, acompañamiento social y capacitación en nuevos oficios.


Nuestros soldados y policías han hecho enormes sacrificios por ganar y conservar nuestra seguridad y les debemos que su regreso a la civilidad tenga todas las garantías que una sociedad agradecida puede ofrecer. En efecto, morir no es el peor destino que puede esperar a un soldado, el abandono y la traición de sus compatriotas son peores que cualquier muerte física.

LOS HORRORES DE LA GUERRA - El Colombiano

LOS HORRORES DE LA GUERRA - El Colombiano

En la madrugada del 13 de diciembre murió el cabo Wilson Alejandro Cortez Rubio en las puertas de la Cuarta Brigada en Medellín, abatido luego de enfrentarse a disparos con agentes de la Policía. El confuso hecho ya es motivo de investigación por parte de las autoridades, sin embargo, algunas explicaciones preliminares vinculan a su posible padecimiento de estrés postraumático, un trastorno nervioso común entre los combatientes.
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martes, 17 de diciembre de 2013

Ministro de Defensa duda del anunció de tregua de las Farc... - Entrevista en Teleantioquia Noticias

El pasado sábado 14 de diciembre me entrevistaron para una nota sobre el anuncio del cese al fuego de fin de año de las Farc. Acá pueden ver la entrevista.Y acá una columna en donde desarrollo bastante las ideas.

viernes, 13 de diciembre de 2013

Combatiendo la nueva mafia (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 12 de diciembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

El pasado mes de octubre la ciudad de Medellín logro tener el mes con menos muertes violentas de sus últimos treinta años, según la misma alcaldía de la ciudad. El dato no es una sorpresa, o por lo menos no en tanto hace parte de una increíble tendencia de reducción de homicidios desde mediados de 2013.

Las autoridades, orgullosas, exponen sus operaciones y capturas como las responsables del logro. Pero muchos analistas y expertos levantan las cejas ante la versión oficial. En efecto, en las calles de Medellín –pero también en medios de comunicación como la Revista Semana- se habla sobre el célebre “pacto” entre las dos principales organizaciones criminales de la ciudad: “La Oficina de Envigado” y “Los Urabeños”.

Algunos de los detalles del acuerdo indican que Medellín se enfrenta, ante todo, a estructuras criminales que están asumiendo cada vez más, comportamientos de mafia moderna.

Esta nueva realidad enfrenta a las autoridades con retos para los que quizá no se encuentre preparada. Esta lógica de mafia que parece estarse popularizando en nuestro país –como en algunas zonas de los departamentos de Antioquia y Córdoba- responde a cambios profundos en las cabezas de las organizaciones criminales.

En primer lugar, han entendido que la violencia es un costo de operación y que, en la medida de lo posible, debe evitarse por el bien de la sostenibilidad y la rentabilidad de su negocio. También han comprendido que sus disputas se deben centrar en las rentas ilegales y en la capacidad de “legalizar” sus ganancias –el fin último del mafioso exitoso es hacer el tránsito de la ilegalidad a la legalidad con su fortuna intacta-. Y se han convencido que, la mejor manera de garantizar estas dos cosas no son las armas, sino la influencia política.

Pero a la hora de combatir un enemigo escurridizo y poderoso como este las autoridades deben combinar la eficacia de estrategias probadas con la flexibilidad de la disposición a innovar constantemente.

Ahora bien, el verdadero poder de las mafias reside entonces en su dinero y su influencia. Las estrategias inteligentes para combatirlas deben dirigirse a pelear contra sus billeteras y sus amigos. La fuente de su poder está en las rentas ilegales (todas, incluso las inesperadas) y sus espacios de cooptación y relacionamiento con políticos y autoridades.


De esta forma, las estrategias más violentas para enfrentar a las mafias, esto es, dar de baja cabecillas y capturar miembros de las estructuras solo logran reciclar los mandos y el “capital humano” criminal. Las nuevas estrategias de combate de la criminalidad deben concentrarse en mejorar las capacidades en inteligencia y los procesos de transparencia y control interno de las instituciones. Solo así podremos tener alguna esperanza de enfrentar con eficacia a esta nueva mutación de nuestro viejo problema de violencia.

jueves, 12 de diciembre de 2013

COMBATIENDO A LA NUEVA MAFIA - El Colombiano

COMBATIENDO A LA NUEVA MAFIA - El Colombiano

El pasado octubre la ciudad de Medellín logró tener el mes con menos muertes violentas de sus últimos treinta años, según cifras de la Alcaldía de la ciudad. El dato no es una sorpresa, o por lo menos no en tanto hace parte de una increíble tendencia de reducción de homicidios que viene desde mediados de 2013.

jueves, 5 de diciembre de 2013

Responsabilidad y política (Versión extensa)


Esta es la versión extensa de mi columna publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 05 de diciembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

La semana pasada, LA FM dio a conocer una investigación sobre las ausencias repetidas y sistemáticas de los congresistas a las sesiones y las excusas médicas de dudosa procedencia que utilizaban para justificarse. El informe nos presentó desde once ausencias por parte de una congresista en menos de seis meses, hasta la extraña figura de las “licencias no remuneradas pagas”.

Pero estas muestras de irresponsabilidad desde el legislativo son claramente incentivadas desde el ejecutivo. Hace no tanto tiempo –aunque en el imparable ritmo de la atención pública parezca una eternidad- el presidente Juan Manuel Santos decidió decretar una prima de compensación a unos 2.000 funcionarios de mediano y alto nivel que compensaba unos ocho millones de pesos que un fallo del Corte Constitucional les había quitado. Los congresistas, por ejemplo, volvieron a ganarse los 24’054.000 de pesos mensuales (sin contar los auxilios y otros beneficios) a los que estaban tan bien acostumbrados.

Incluso si ignoráramos el, por lo menos, dudoso trabajo de muchos de nuestros congresistas, la suma de su salario nos da muchas pistas de nuestros mayores problemas sociales. Esos 24 millones de pesos mensuales es aproximadamente 42,3 veces el salario mínimo mensual en Colombia. Ahora bien, esta proporción –desigualdad le dirían en lugares serios- no es común a nivel internacional. En Estados Unidos, un congresista se gana 10 veces el salario mínimo de su país, mientras en Gran Bretaña un miembro de la Cámara de los Comunes se gana solo 5 veces el del suyo. En Ecuador, la proporción es a la mitad de la colombiana, sus parlamentarios se ganan 20 veces el salario mínimo que es, por otro lado, muy similar al nuestro.

Por supuesto que hay congresistas juiciosos –y no son pocos- pero la irresponsabilidad parece ser la única regla que respeta un grupo importante de nuestros parlamentarios.

En el fondo, el problema es asumir los cargos de elección pública como un privilegio y no como una responsabilidad, asumir que el voto es, al final, una validación de los excesos, una libreta de excusas inagotable para defender únicamente los intereses personales. La irresponsabilidad es el peor de los defectos que pueden tener los líderes políticos, saberse por encima de todos los demás, sin control, sin razones y libres para hacer y deshacer en tanto el esfuerzo les reporte un beneficio individual.


La inclinación de los gobiernos colombianos –todos, de eso pocos se salvan- a constituir su legitimidad política sobre las viejas redes clientelistas, tampoco ayuda. Es difícil combatir contra una “tradición” perversa como esa, pero es una lástima que nuestros políticos se aguanten con tanto esfuerzo las ganas de hacerlo.

RESPONSABILIDAD Y POLÍTICA - El Colombiano

RESPONSABILIDAD Y POLÍTICA - El Colombiano

La semana pasada, LA FM dio a conocer una investigación sobre las ausencias repetidas y sistemáticas de los congresistas a las sesiones, y las excusas médicas de dudosa procedencia que utilizaban para justificarse. El informe nos presentó desde once ausencias por parte de una congresista en menos de seis meses, hasta la extraña figura de las "licencias no remuneradas pagas" que se dan en el Congreso.

jueves, 28 de noviembre de 2013

El gobierno de las esmeraldas (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en "Catalejo" del periódico El Colombiano el pasado 28 de noviembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

La semana pasada la Fiscalía capturó a Pedro Nel Rincón (más conocido como “Pedro Orejas”), empresario esmeraldero, némesis del fallecido Víctor Carranza y aparentemente, involucrado en actividades delictivas como el tráfico de armas. Sobre los hombros lo cargaron los agentes del CTI,  sacándolo de su finca en el occidente de Boyacá, pues el esmeraldero se encontraba aún convaleciente luego de sufrir heridas en un atentado contra su vida un par de semanas atrás.

Ahora que “Pedro Orejas” va a la cárcel, pareciera que el Estado central se apura por evitar una nueva guerra. En efecto, el gobierno solo busca administrar el caos, gestionar la tragedia mientras los mismos esmeralderos usan sus reglas informales para solucionar el conflicto o recurren a la violencia, desatando otra temida “guerra verde”.

Y mientras tanto, los funcionarios hablan de evitar un enfrentamiento armado como si estuvieran arbitrando una tensión comercial entre dos comerciantes de barrio. El Estado se ha vuelto un espectador más, un “tercero imparcial” que pasa de agache mientras los verdaderos poderes regionales se disputan, conquistan y defienden sus fortines locales.

El filosofo Jorge Giraldo ha denominado esto como la “descarga” que el gobierno central hace del Estado sobre los poderes locales en ciertas regiones del país. Giraldo habla principalmente de la zona minera del Bajo Cauca antioqueño, pero la categoría se puede extender sin mucha dificultad a otros lugares del país en donde la centralidad ha preferido encargar a las fuerzas locales –legales o ilegales- de que se ocupen del gobierno.

Así, la incapacidad, real o fingida, para ejercer control sobre el territorio y las instituciones, los lleva el encogimiento de hombros más perjudicial de la historia colombiana: la renuncia del Estado central de funcionar en las periferias.

De esta forma se configuran lo que el sociólogo Fabio Velásquez llama “autoritarismos locales”; poderes políticos y económicos que cooptan los escenarios de decisión de municipios y regiones enteras en Colombia. Viejos gamonales y familias políticas que, comúnmente aliadas con actores armados, se apoderan de cargos públicos y de elección, destierran o acallan a cualquier oposición y luego establecen estructuras clientelistas y corruptas encargadas de garantizar su permanencia, mientras saquean los recursos públicos.


El Estado colombiano debe dejar de pretender que "descargar" sus responsabilidades en particulares es gobernar. Sin una determinación clara por extender la presencia integral del Estado a todos los rincones del territorio –sobre todo a los que escupen esmeraldas, oro o coca- las perspectivas de alcanzar escenarios de seguridad real en las regiones son tan difusas como un discurso dictado desde la mesa de negociaciones en La Habana. 

EL GOBIERNO DE LAS ESMERALDAS - El Colombiano

EL GOBIERNO DE LAS ESMERALDAS - El Colombiano
La semana pasada la Fiscalía capturó a Pedro Nel Rincón (más conocido como "Pedro Orejas"), empresario esmeraldero, mímesis del fallecido Víctor Carranza y aparentemente involucrado en actividades delictivas como el tráfico de armas. Sobre los hombros lo cargaron los agentes del CTI, sacándolo de su finca en el occidente de Boyacá, pues el esmeraldero se encontraba aún convaleciente luego de sufrir heridas en un atentado contra su vida un par de semanas atrás.

viernes, 22 de noviembre de 2013

El ascenso de las Farcrim (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 22 de noviembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

El pasado 20 de mayo el portal de investigación en crimen organizado Insight Crime presentó el informe “Farc, paz y posible criminalización”, que evalúa las posibilidades de una parte muy importante de la estructura de esta guerrilla no se desmovilice luego de un eventual acuerdo en La Habana.

Según Insight Crime, las estructuras con mayor riesgo de criminalización serían el Bloque Iván Ríos (o noroccidental con influencia en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó; el Bloque Magdalena Medio, con influencia en los departamentos de Bolívar, Santander y Norte de Santander; el Bloque Oriental, con influencia en los departamentos de Meta, Vichada y Arauca; y el Bloque Sur, con influencia en los departamentos de Nariño y Cauca.

La semana pasada, precisamente, se conoció por boca del Gobierno Nacional que la columna móvil Teofilo Forero, bajo el manto del Bloque Sur de las Farc, estaría planeando el asesinato del ex presidente Uribe, el ex vicepresidente Santos y el fiscal Montealegre. De acuerdo a algunos analistas, su líder, alias “El Paísa”, no estaría de acuerdo con el desarrollo de las negociaciones con el gobierno en La Habana.

Sin embargo, la política sería el último de los motivos por los cuales estos cuatro bloques de las Farc (que reúnen a unos seis mil hombres, sin  contar a sus milicianos), se verían tentados a quedarse en la criminalidad. Existen entonces tres razones principales por las cuales Colombia se podría enfrentar a un fenómeno  de “farcrim” en los próximos años.

El primero es el alto grado de “independencia” que han mostrado algunos comandantes y frentes en los últimos meses. Porque aunque el caso de los asesinatos ordenados por El Paísa sean el más reciente ejemplo, el Bloque Iván Ríos ya había sido el mayor violador de la tregua unilateral declarada por el Secretariado a final del año pasado.

El segundo es el dinero. En efecto, las ganancias por narcotráfico de la Teófilo Forero se estiman en unos 26 millones de dólares anuales. El frente 48, fundamental en la estructura del Bloque Sur, tiene relaciones con el cartel de Sinaloa para el tráfico de cocaína por el Pacífico. Pero las Farc han diversificado sus fuentes de ingreso y reciben importantes ingresos de su participación en otras rentas  como la explotación de oro y la extorsión. Sus estructuras armadas, sobre todo las que cuentan con mayor riesgo de no desmovilizarse, hacen presencia en los departamentos que producen el 94,8% del oro nacional (SIMCO, 2012).

Finalmente, las alianzas entre estructuras guerrilleras y organizaciones criminales como Los Urabeños o Los Rastrojos para el tráfico de drogas han creado enormes empresas en las que el conocimiento y las armas de los guerrilleros son muy bien pagas. Algunos frentes como el 5, 58, 57, 18, 36, Mario Vélez, 9, 34, 47, Aurelio Rodríguez y Urbano J. Arenas se han aliado con estructuras criminales para la compra de insumos, la producción y el tráfico de pasta de coca.

Sí, el próximo año, la reelección del presidente Santos será el menor de nuestros problemas.


jueves, 21 de noviembre de 2013

EL ASCENSO DE LAS FARCRIM - El Colombiano

EL ASCENSO DE LAS FARCRIM - El Colombiano
El pasado 20 de mayo el portal de investigación en crimen organizado Insight Crime presentó el informe "Farc, paz y posible criminalización", que evalúa las posibilidades de que una parte muy importante de la estructura de esta guerrilla no se desmovilice luego de un eventual acuerdo en La Habana.

viernes, 15 de noviembre de 2013

No somos los enemigos de la paz (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 14 de noviembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

Tener serias reservas, incluso oponerse a la negociación con las Farc en La Habana no puede ser un sinónimo de uribismo, menos aún, de guerrerismo. Pero ya se ha convertido en un lugar común de la opinión pública, por lo menos, de algunos columnistas y medios de comunicación, relacionar cualquier crítica al proceso con una posición fundamentalista respecto a la solución del conflicto entre la sociedad colombiana y el grupo guerrillero.

El proceso –y sus defensores- deberían aceptar las críticas como una manera de fortalecer los argumentos que los justificarían. Hay que recordarles a los defensores que, a pesar de todo, continuamos en una democracia y es nuestro derecho señalar lo que nos parezca injusto o inconveniente.

Los acuerdos de la negociación no pueden ser impuestos, sino acordados. No solo entre las Farc y el gobierno, también entre ellos y los colombianos. Y ese acuerdo no es solo la refrendación que nos prometió el presidente Santos, sino la posibilidad de discutir y criticar lo que percibimos del proceso todos los colombianos.

Mis preocupaciones –y las de muchos colombianos-, pueden resumirse en tres puntos:

El primero, la legitimación de la política armada al negociar aspectos clave de la política colombiana con un grupo cuya única influencia es la que les da las armas y el dinero extraído de la ilegalidad. Sin absoluto reconocimiento popular, las Farc son una banda armada con aspiraciones políticas grupales pero no nacionales. Es decir, se preocupan por sus propios beneficios y de los suyos –en general-, pero no del pueblo colombiano.

El segundo, que los acuerdos, particularmente los políticos, tengan una lógica de “feudo político” para la defensa del privilegio conseguido con violencia. En este sentido, los jefes de las Farc parecen demasiado preocupados por garantizar el poder político suficiente para defender lo que ganen en la negociación y lo que se han robado en décadas de guerra, en una terrible lógica de homologación de fusiles por curules.

El tercero, la despreocupación (actual, lo reconozco) por la discusión sobre la justicia. Los méritos de cualquier acuerdo que se logre están en su duración, en su sostenibilidad, y eso se consigue según el grado de justicia que se alcance. Las negaciones de las Farc y la “prudencia” del gobierno para tratarlo son malas señales sobre lo que viene.


Las Farc quizá no lo saben –seguro lo han olvidado luego de décadas de matar colombianos- pero el nuestro es un sistema democrático liberal sustentado por supuesto en la libertad de pensamiento y expresión. Podemos y debemos hablar sobre la negociación en La Habana, señalar sus dificultades y consecuencias y que en el proceso, no nos tachen de fundamentalistas.

jueves, 14 de noviembre de 2013

NO SOMOS LOS ENEMIGOS DE LA PAZ - El Colombiano

NO SOMOS LOS ENEMIGOS DE LA PAZ - El Colombiano
Guardar serias reservas, e incluso oponerse a la negociación con las Farc en La Habana, no puede ser un sinónimo de uribismo, menos aún, de guerrerismo. Pero ya se ha convertido en un lugar común de la opinión pública, por lo menos, de algunos columnistas y medios de comunicación, relacionar cualquier crítica al proceso con una posición fundamentalista respecto a la solución del conflicto entre la sociedad colombiana y el grupo guerrillero.

sábado, 9 de noviembre de 2013

Recuperando el honor (Versión extensa)

Graffiti en Tarazá, Antioquia
Esta es la versión extensa de mi columna, publicada da el 07 de noviembre de 2013 en Catalejo del periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

Algo menos de la mitad de los robos realizados a almacenes de grandes superficies en el año 2012 se han podido vincular a sus propios empleados, según Fenalco. Así, ni crimen organizado, ni esfuerzo sistemático, las grandes pérdidas de los comerciantes se encuentran en las pequeñas deshonestidades de sus mismos trabajadores.

Y esa es la corrupción más invisible, pero más grave.

He sostenido anteriormente que los valores determinan el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Los aumentos en la penas, incluso en la posibilidad de captura de los infractores de las normas solo lleva a que los desviados se vuelvan más hábiles, solo la terrible carga de la propia conciencia es lo suficientemente efectiva para reducir en el largo plazo nuestras deshonestidades. La culpa es el sentimiento más determinante a la hora de tomar la decisión de hacer trampa, defraudar o mentir.

Ante este escenario cobra importancia pensar en rescatar algunos valores que ayuden a incentivar los comportamientos socialmente benéficos. En nuestro contexto, rescatar el honor como valor cardinal es apenas lógico.

Pero este no es solo un discurso sustentado en la nostalgia. En realidad, el honor crea excelentes incentivos para comportamientos socialmente benéficos. El economista y sicólogo Dan Ariely ha realizado experimentos que han sugerido que las personas hacen sustancialmente menos trampa en un examen cuando justo antes de empezarlo juran sobre un código de conducta honorable. 

En efecto, las personas se preocupan por la manera como se comportan cuando se les recuerdan que tienen deberes y que violarlos los deshonraría.  Y como se preocupan por la buena imagen que tienen de sí mismas, harán todo lo posible – ¡incluso ser honestos!- para mantenerla.

Sin principios firmes, el comportamiento humano se encuentra a merced del vaivén de las circunstancias, de las conveniencias pasajeras del contexto o el egoísmo.

Así, recuperar el honor sería un esfuerzo social, una dirección clara y necesaria para el país, en donde todos los ciudadanos participen. Porque igual daño hace el político y el empresario corrupto que el transeúnte tramposo; violar las normas no es un asunto de posición, sus efectos son perjudiciales para todo el cuerpo social, desde todas las esquinas sociales.

Debemos empezar entonces por lo que puede fortalecerse. No partimos de la nada, algunos ejercicios recientes en el país han demostrado que contrario a los prejuicios, los colombianos somos sustancialmente más honestos y honorables de los que sugieren los estereotipos.


Puede sonar inocente, pero las sociedades se construyen a partir de proyectos imposibles y en ocasiones el exceso de practicidad nos lleva a casarnos con objetivos sencillos pero poco importantes. Es hora de retomar valores importantes, de reconstruir el honor olvidado.

viernes, 1 de noviembre de 2013

Dilemas de Estado (Versión extensa)


Esta es la versión extensa de mi columna publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 31 de octubre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

Pensemos, por un minuto, que conviven dos Estados. El primero es burocrático, lento, ineficiente; lleno de frenos, eternos procesos y trámites y sus resultados comúnmente nulos. Sus impuestos son prohibitivos y arbitrarios, sus funcionarios corruptos e irresponsables y el ejercicio de sus labores, al menos dudoso.

El segundo es rápido, dinámico y eficiente. Aunque también cobra impuestos, es terriblemente eficaz a la hora de proveer seguridad y administrar justicia. Sus responsables son despiadados en sus responsabilidades, pero pocos se atreverían a decir que no saben lo que hacen.

Ahora bien, pensemos entonces que podemos “escoger” entre estos dos Estados, el primero o el segundo.

¡Ah! Pero no es tan fácil, el primero es, en efecto, el Estado colombiano, democrático, legal y legítimo. Y el segundo, como no sería de otra manera, la “institucionalidad” paralela e informal del crimen organizado y los grupos armados ilegales.
Una decisión terrible, lo sé, pero que rige las vidas de cientos de miles de colombianos todos los días. Muchos, “incentivados” por la tiranía de los criminales, ceden ante el miedo que despiertan sus armas. Aunque no pocos lo hacen con menos resistencia, conocedores de los amplios beneficios de su monstruosa eficiencia.

El Estado colombiano se ha enfrentado durante casi toda su historia a poderosos competidores internos. Su soberanía ha estado amenazada por el accionar de docenas de grupos ilegales que compiten por controlar porciones del territorio nacional o apoderarse de la institucionalidad.
En esta constante lucha, el Estado ha intentado combatir y negociar, intervenir en su relación con estos actores irregulares para garantizar, en la mediada de lo posible, su efectivo ejercicio del monopolio de la fuerza.

Sin embargo, al final la pelea por las lealtades locales de la población se reduce a una cruda competencia por ser el mejor proveedor de servicios y bienes públicos. En efecto, y aunque a muchos nos revuelva el estómago reconocerlo, la legitimidad estatal no es un asunto de legalidad o democracia, sino, más bien, de cruda eficacia y eficiencia. Las personas reconocen al que mejor les sirve, no al que hace mayores alardes de “representatividad”.

¿Provee mejor seguridad la policía que la “convivir”? ¿Se encarga más rápido del marido maltratador la comisaría o los “pelaos” del barrio? ¿Venden mejores arepas los almacenes de cadena o la tienda de esquina abastecida por la fábrica del “combo”?

Esa es la pelea, en ese terreno se libra la lucha por las mentes y los corazones de muchos colombianos. El Estado compite contra padrinos y mercaderes, y su única arma viable en el largo plazo es precisamente la que lo ha mantenido en crisis: funcionar, por primera vez, efectivamente.



jueves, 31 de octubre de 2013

DILEMAS DE ESTADO - El Colombiano

DILEMAS DE ESTADO - El Colombiano

Pensemos, por un minuto, que conviven dos Estados. El primero es burocrático, lento, ineficiente; lleno de frenos, eternos procesos y trámites, y sus resultados comúnmente nulos. Sus impuestos son prohibitivos y arbitrarios, sus funcionarios corruptos e irresponsables y el ejercicio de sus labores, por lo menos dudoso.
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sábado, 26 de octubre de 2013

El Estado analfabeta (Versión extensa)



Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el 24 de octubre de 2013 en Catalejo del periódico El Colombiano. 

Por Santiago Silva Jaramillo

Confundida, doña Edilma* me mira sin entender la pregunta, aunque intenta disimularlo, apretando sus manos y mirando alrededor. “Eso de la política es muy complicado ¿cierto?” dice por fin, elusiva. Estamos en Segovia, en el nordeste antioqueño, realizando un ejercicio de economía experimental que incluye tres juegos y una encuesta. Nos encontramos tres investigadores de la Universidad EAFIT y treinta y dos personas de la comunidad en la casa de la cultura del municipio minero.

Edilma es analfabeta, nunca pudo estudiar, como nos reconoció luego de que le entregáramos la encuesta que debía diligenciar al final de los juegos, y trabaja en el último de los eslabones de la explotación artesanal de oro, escarbando la tierra que ya ha sido exhausta por los otros mineros. 

Llevo veinte minutos hablando con ella, intentado responder juntos las preguntas incluidas en la encuesta. En realidad no son difíciles, pero el analfabetismo no solo impide leer y escribir a la persona, afecta la manera como entiende, le vuelve casi imposible abstraerse, incluso afecta su habilidad para relacionarse con las demás personas. Mis explicaciones bien podrían ser de física cuántica para Edilma, ella simplemente no puede entender las preguntas que con algo de frustración y mucho pesar, intentamos responder.

Al final, luego de muchos espacios en blanco, algunos silencios incómodos, e incluso un poco de exasperación, terminamos el ejercicio. Edilma se despide, vuelve a su labor de “chatarrera” en las orillas de los ríos por esos veinte mil pesos semanales que gana con algo de suerte y nosotros regresamos a Medellín, al acompasado ritmo de la vida académica y las subestimadas comodidades de la capital departamental.

Porque viajar a las subregiones antioqueñas (por no hablar de toda la periferia colombiana) es encontrarse con un claro escenario de desigualdad institucional. Claro, las ciudades hierven en problemas, los ciudadanos exigen de sus autoridades un mejor gobierno y en las calles se respira en ocasiones el escepticismo de la vida urbana moderna. Pero existen unas instituciones que, con todas sus inconveniencias, funcionan, hacen presencia y al final, incluso a regañadientes, cumplen.

Unas semanas atrás, mientras conversábamos con un concejal de un municipio del occidente de Antioquia, le preguntamos por sus contactos con los gobiernos centrales (es decir, Medellín y Bogotá). El viejo político se río “¿Quiénes? No los conozco” respondió con ironía, antes de añadir: “por acá no viene nadie…”.

En efecto, existe una simple desigualdad presupuestal en término subregionales en Antioquia. Así, mientras Medellín cuenta con algo cercano a 1.570.000 pesos por habitante para la vigencia 2013, el municipio de Mutatá cuenta con algo menos de la mitad (unos 700.000 pesos) y el municipio de El Bagre con solo 530.000 pesos. Pero el asunto no solamente es de recursos, sino de gestión. De acuerdo al índice de desempeño integral del DNP, aproximadamente el 77% de los municipios colombianos tienen un desempeño por debajo del puntaje medio deseado (García y Espinosa, 2011). De igual manera, según el DANE, mientras el 12,35% de los habitantes de Medellín cuentan con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)[1], en Santafé de Antioquia el 44,1%, en Buriticá el 70,3%, en Dabeiba el 66,5, en Segovia el 44,5%, en Mutatá el 60,8%, en El Bagre el 50,8% y en Turbo el 67,4%.

Antioquia (aunque también Colombia) no puede seguir ignorando las brechas enormes que separan a sus centros de poder de sus periferias, cerrarlas constituye sin duda el mayor desafío actual a su desarrollo como región y es un objetivo obvio de cualquier justicia que queramos construir entre los antioqueños.
*Nombres cambiados


[1] La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela” (DNP).

jueves, 17 de octubre de 2013

Innovación criminal (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el 17 de octubre de 2013 en Catalejo del periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

Cambiante como siempre, la violencia en Colombia se sigue aprovechando de los viejos vicios para encontrar nuevos espacios e innovar en sus formas de sobrevivir, expandirse y fortalecerse. Ese tirano del que varias veces he hablado en esta columna, el miedo y la arbitrariedad de quienes lo utilizan como arma; la fuente del poder de los bandidos que someten a diario las calles de las ciudades y pueblos de nuestro país.

La primera señal de esta mutación es la ausencia completa de cualquier residuo ideológico; a las nuevas bandas poco les importan los fines políticos, aunque tengan una necesidad de cooptar los medios. De hecho, aunque entienden lo valioso que puede ser controlar algunos sectores políticos (incluso algunos sociales) en sus centros de operación, lejos están los tiempos en los que esta captura buscaba cambios sobre la estructura de las cosas públicas.

El más reciente y preocupante ejemplo es la captura del gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez.  El líder político es acusado de haber mantenido vínculos con los grupos de autodefensa y luego con las bandas criminales, además de supuestamente participar en la ejecución de tres homicidios de rivales y viejos aliados políticos de la región.

Según lo han reportado varios medios de comunicación (y en parte evidenció la oposición de la clientela política de Gómez a su captura), el gobernador guajiro mantiene un férreo control sobre las dinámicas políticas y sociales de amplios territorios en el norte del país.

Por otro lado, desde julio de este año, según  InSight Crime, las dos grandes estructuras criminales de Medellín, “los urabeños” y “la oficina de Envigado”, alcanzaron un acuerdo que busca regular sus conflictos económicos y de control de los combos en la ciudad. El pacto sería el principal responsable de la reciente reducción en los homicidios. En efecto, la Alcaldía de Medellín reportó que los homicidios se habían reducido en un 13,4% en agosto en comparación con datos del año pasado.

Los últimos años nos han mostrado cómo los criminales entienden que la violencia es mal negocio, que contratar sicarios, comprar armas y munición y sostener enfrentamientos son gastos de operación que mejor valdría evitar.

Nos enfrentamos entonces a una mafia con el poder militar de un grupo paramilitar, los recursos de uno narcotraficante y la intención de ocultamiento de las mafias tradicionales. En términos de innovación criminal, nos parecemos estar poniendo de nuevo a la vanguardia.

Así, los pactos, la cooptación política y las hegemonías criminales pueden llevar a una reducción de la violencia homicida, pero fenómenos como la extorsión, el desplazamiento forzado y la protección violenta tienden a empeorar. Al final, los ciudadanos terminamos cambiando los muertos por nuestras libertades.


Y aunque pareciera, esto no es un buen negocio, pues el intercambio no debería ser una opción social o éticamente válida para ninguno de nosotros.

INNOVACIÓN CRIMINAL - El Colombiano

INNOVACIÓN CRIMINAL - El Colombiano
Cambiante como siempre, la violencia en Colombia se sigue aprovechando de los viejos vicios para encontrar nuevos espacios e innovar en sus formas de sobrevivir, expandirse y fortalecerse. Ese tirano del que varias veces he hablado en esta columna: el miedo, y la arbitrariedad de quienes lo utilizan como arma; la fuente del poder de los bandidos que someten a diario las calles de las ciudades y pueblos de nuestro país.

viernes, 11 de octubre de 2013

Hagamos respetar nuestro voto (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna del 10 de octubre de 2013, publicada en Catalejo del periódico El Colombiano.

"Nadie es más apto para el gobierno"
-Lord Acton

Por Santiago Silva Jaramillo

Nuestro voto no puede ser una inconveniencia ambiental; las elecciones no pueden seguir siendo un trámite molesto que los políticos pasan cada cuatro años para seguir en el poder, para continuar su depredación o su torpeza.

Votar irresponsablemente es validar esa percepción perversa de quienes nos gobiernan, ya estamos tarde de empezar a hacer valer esos derechos políticos, de exigir responsabilidad y juicio por nuestros votos o, si ambos elementos parecen ausentes de las fotos y los logos en los tarjetones, depositarlos por la más democrática de las opciones electorales actuales: el voto en blanco.

Hace dos semanas, escribía en esta columna sobre la farsa de “renovación” política que están prometiendo los partidos políticos colombianos para las elecciones de 2014. Me sorprendió la respuesta de las personas, que en los comentarios y en redes sociales retomaron la discusión alrededor de la idea de votar en blanco.

En efecto, el debate sobre lo atractivo de esta opción ya empieza a sonar en las columnas de opinión y a escucharse en las calles; los colombianos se ven realmente desconcertados con las actuales circunstancias políticas y buscan alternativas.

Porque, ante las perspectivas de una competencia “Santos Vs. Santos” a la presidencia y entre Unidad Nacional y Uribismo al Congreso, algunos políticos se han estado moviendo para configurar esa esperada alternativa, esa supuesta tercería.

Pero y ¿qué esperamos de la famosa “tercería”? ¿Otro insulso proyecto político de centro, tan preocupado por no alinearse con nadie que no termina pareciendo nada? ¿O una propuesta trasnochada de izquierda, tan torpe que confirma todos los estereotipos? No, los movimientos de los que “no están con nadie” no traen mejores perspectivas para el panorama político del 2014.

El voto en blanco es una protesta en un tarjetón, es la mejor manera de decirles a nuestros políticos que no están haciendo las cosas bien, que lo que prometen no lo creemos y que sus picardías e ineptitud no nos representan.

Y a diferencia de lo que mucho sostienen, no es botar el voto. Esa es precisamente la mentalidad que nos ha mantenido a merced de los politiqueros, los torpes y los corruptos, pensar que la urgencia supera la importancia y que a falta de buenas opciones es preferible el “menos peor”. Mejor votar en blanco, que sepan ellos, por fin, que gobernarnos no puede, ni debe, ser tan fácil.


@santiagosilvaj