El gobierno de las esmeraldas (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en "Catalejo" del periódico El Colombiano el pasado 28 de noviembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

La semana pasada la Fiscalía capturó a Pedro Nel Rincón (más conocido como “Pedro Orejas”), empresario esmeraldero, némesis del fallecido Víctor Carranza y aparentemente, involucrado en actividades delictivas como el tráfico de armas. Sobre los hombros lo cargaron los agentes del CTI,  sacándolo de su finca en el occidente de Boyacá, pues el esmeraldero se encontraba aún convaleciente luego de sufrir heridas en un atentado contra su vida un par de semanas atrás.

Ahora que “Pedro Orejas” va a la cárcel, pareciera que el Estado central se apura por evitar una nueva guerra. En efecto, el gobierno solo busca administrar el caos, gestionar la tragedia mientras los mismos esmeralderos usan sus reglas informales para solucionar el conflicto o recurren a la violencia, desatando otra temida “guerra verde”.

Y mientras tanto, los funcionarios hablan de evitar un enfrentamiento armado como si estuvieran arbitrando una tensión comercial entre dos comerciantes de barrio. El Estado se ha vuelto un espectador más, un “tercero imparcial” que pasa de agache mientras los verdaderos poderes regionales se disputan, conquistan y defienden sus fortines locales.

El filosofo Jorge Giraldo ha denominado esto como la “descarga” que el gobierno central hace del Estado sobre los poderes locales en ciertas regiones del país. Giraldo habla principalmente de la zona minera del Bajo Cauca antioqueño, pero la categoría se puede extender sin mucha dificultad a otros lugares del país en donde la centralidad ha preferido encargar a las fuerzas locales –legales o ilegales- de que se ocupen del gobierno.

Así, la incapacidad, real o fingida, para ejercer control sobre el territorio y las instituciones, los lleva el encogimiento de hombros más perjudicial de la historia colombiana: la renuncia del Estado central de funcionar en las periferias.

De esta forma se configuran lo que el sociólogo Fabio Velásquez llama “autoritarismos locales”; poderes políticos y económicos que cooptan los escenarios de decisión de municipios y regiones enteras en Colombia. Viejos gamonales y familias políticas que, comúnmente aliadas con actores armados, se apoderan de cargos públicos y de elección, destierran o acallan a cualquier oposición y luego establecen estructuras clientelistas y corruptas encargadas de garantizar su permanencia, mientras saquean los recursos públicos.

El Estado colombiano debe dejar de pretender que "descargar" sus responsabilidades en particulares es gobernar. Sin una determinación clara por extender la presencia integral del Estado a todos los rincones del territorio –sobre todo a los que escupen esmeraldas, oro o coca- las perspectivas de alcanzar escenarios de seguridad real en las regiones son tan difusas como un discurso dictado desde la mesa de negociaciones en La Habana.