El gobierno de las esmeraldas (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en "Catalejo" del periódico El Colombiano el pasado 28 de noviembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

La semana pasada la Fiscalía capturó a Pedro Nel Rincón (más conocido como “Pedro Orejas”), empresario esmeraldero, némesis del fallecido Víctor Carranza y aparentemente, involucrado en actividades delictivas como el tráfico de armas. Sobre los hombros lo cargaron los agentes del CTI,  sacándolo de su finca en el occidente de Boyacá, pues el esmeraldero se encontraba aún convaleciente luego de sufrir heridas en un atentado contra su vida un par de semanas atrás.

Ahora que “Pedro Orejas” va a la cárcel, pareciera que el Estado central se apura por evitar una nueva guerra. En efecto, el gobierno solo busca administrar el caos, gestionar la tragedia mientras los mismos esmeralderos usan sus reglas informales para solucionar el conflicto o recurren a la violencia, desatando otra temida “guerra verde”.

Y mientras tanto, los funcionarios hablan de evitar un enfrentamiento armado como si estuvieran arbitrando una tensión comercial entre dos comerciantes de barrio. El Estado se ha vuelto un espectador más, un “tercero imparcial” que pasa de agache mientras los verdaderos poderes regionales se disputan, conquistan y defienden sus fortines locales.

El filosofo Jorge Giraldo ha denominado esto como la “descarga” que el gobierno central hace del Estado sobre los poderes locales en ciertas regiones del país. Giraldo habla principalmente de la zona minera del Bajo Cauca antioqueño, pero la categoría se puede extender sin mucha dificultad a otros lugares del país en donde la centralidad ha preferido encargar a las fuerzas locales –legales o ilegales- de que se ocupen del gobierno.

Así, la incapacidad, real o fingida, para ejercer control sobre el territorio y las instituciones, los lleva el encogimiento de hombros más perjudicial de la historia colombiana: la renuncia del Estado central de funcionar en las periferias.

De esta forma se configuran lo que el sociólogo Fabio Velásquez llama “autoritarismos locales”; poderes políticos y económicos que cooptan los escenarios de decisión de municipios y regiones enteras en Colombia. Viejos gamonales y familias políticas que, comúnmente aliadas con actores armados, se apoderan de cargos públicos y de elección, destierran o acallan a cualquier oposición y luego establecen estructuras clientelistas y corruptas encargadas de garantizar su permanencia, mientras saquean los recursos públicos.

El Estado colombiano debe dejar de pretender que "descargar" sus responsabilidades en particulares es gobernar. Sin una determinación clara por extender la presencia integral del Estado a todos los rincones del territorio –sobre todo a los que escupen esmeraldas, oro o coca- las perspectivas de alcanzar escenarios de seguridad real en las regiones son tan difusas como un discurso dictado desde la mesa de negociaciones en La Habana. 

EL GOBIERNO DE LAS ESMERALDAS - El Colombiano

EL GOBIERNO DE LAS ESMERALDAS - El Colombiano

La semana pasada la Fiscalía capturó a Pedro Nel Rincón (más conocido como "Pedro Orejas"), empresario esmeraldero, mímesis del fallecido Víctor Carranza y aparentemente involucrado en actividades delictivas como el tráfico de armas. Sobre los hombros lo cargaron los agentes del CTI, sacándolo de su finca en el occidente de Boyacá, pues el esmeraldero se encontraba aún convaleciente luego de sufrir heridas en un atentado contra su vida un par de semanas atrás.

El ascenso de las Farcrim (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 22 de noviembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

El pasado 20 de mayo el portal de investigación en crimen organizado Insight Crime presentó el informe “Farc, paz y posible criminalización”, que evalúa las posibilidades de una parte muy importante de la estructura de esta guerrilla no se desmovilice luego de un eventual acuerdo en La Habana.

Según Insight Crime, las estructuras con mayor riesgo de criminalización serían el Bloque Iván Ríos (o noroccidental con influencia en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó; el Bloque Magdalena Medio, con influencia en los departamentos de Bolívar, Santander y Norte de Santander; el Bloque Oriental, con influencia en los departamentos de Meta, Vichada y Arauca; y el Bloque Sur, con influencia en los departamentos de Nariño y Cauca.

La semana pasada, precisamente, se conoció por boca del Gobierno Nacional que la columna móvil Teofilo Forero, bajo el manto del Bloque Sur de las Farc, estaría planeando el asesinato del ex presidente Uribe, el ex vicepresidente Santos y el fiscal Montealegre. De acuerdo a algunos analistas, su líder, alias “El Paísa”, no estaría de acuerdo con el desarrollo de las negociaciones con el gobierno en La Habana.

Sin embargo, la política sería el último de los motivos por los cuales estos cuatro bloques de las Farc (que reúnen a unos seis mil hombres, sin  contar a sus milicianos), se verían tentados a quedarse en la criminalidad. Existen entonces tres razones principales por las cuales Colombia se podría enfrentar a un fenómeno  de “farcrim” en los próximos años.

El primero es el alto grado de “independencia” que han mostrado algunos comandantes y frentes en los últimos meses. Porque aunque el caso de los asesinatos ordenados por El Paísa sean el más reciente ejemplo, el Bloque Iván Ríos ya había sido el mayor violador de la tregua unilateral declarada por el Secretariado a final del año pasado.

El segundo es el dinero. En efecto, las ganancias por narcotráfico de la Teófilo Forero se estiman en unos 26 millones de dólares anuales. El frente 48, fundamental en la estructura del Bloque Sur, tiene relaciones con el cartel de Sinaloa para el tráfico de cocaína por el Pacífico. Pero las Farc han diversificado sus fuentes de ingreso y reciben importantes ingresos de su participación en otras rentas  como la explotación de oro y la extorsión. Sus estructuras armadas, sobre todo las que cuentan con mayor riesgo de no desmovilizarse, hacen presencia en los departamentos que producen el 94,8% del oro nacional (SIMCO, 2012).

Finalmente, las alianzas entre estructuras guerrilleras y organizaciones criminales como Los Urabeños o Los Rastrojos para el tráfico de drogas han creado enormes empresas en las que el conocimiento y las armas de los guerrilleros son muy bien pagas. Algunos frentes como el 5, 58, 57, 18, 36, Mario Vélez, 9, 34, 47, Aurelio Rodríguez y Urbano J. Arenas se han aliado con estructuras criminales para la compra de insumos, la producción y el tráfico de pasta de coca.

Sí, el próximo año, la reelección del presidente Santos será el menor de nuestros problemas.

EL ASCENSO DE LAS FARCRIM - El Colombiano

EL ASCENSO DE LAS FARCRIM - El Colombiano

El pasado 20 de mayo el portal de investigación en crimen organizado Insight Crime presentó el informe "Farc, paz y posible criminalización", que evalúa las posibilidades de que una parte muy importante de la estructura de esta guerrilla no se desmovilice luego de un eventual acuerdo en La Habana.

No somos los enemigos de la paz (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 14 de noviembre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

Tener serias reservas, incluso oponerse a la negociación con las Farc en La Habana no puede ser un sinónimo de uribismo, menos aún, de guerrerismo. Pero ya se ha convertido en un lugar común de la opinión pública, por lo menos, de algunos columnistas y medios de comunicación, relacionar cualquier crítica al proceso con una posición fundamentalista respecto a la solución del conflicto entre la sociedad colombiana y el grupo guerrillero.

El proceso –y sus defensores- deberían aceptar las críticas como una manera de fortalecer los argumentos que los justificarían. Hay que recordarles a los defensores que, a pesar de todo, continuamos en una democracia y es nuestro derecho señalar lo que nos parezca injusto o inconveniente.

Los acuerdos de la negociación no pueden ser impuestos, sino acordados. No solo entre las Farc y el gobierno, también entre ellos y los colombianos. Y ese acuerdo no es solo la refrendación que nos prometió el presidente Santos, sino la posibilidad de discutir y criticar lo que percibimos del proceso todos los colombianos.

Mis preocupaciones –y las de muchos colombianos-, pueden resumirse en tres puntos:

El primero, la legitimación de la política armada al negociar aspectos clave de la política colombiana con un grupo cuya única influencia es la que les da las armas y el dinero extraído de la ilegalidad. Sin absoluto reconocimiento popular, las Farc son una banda armada con aspiraciones políticas grupales pero no nacionales. Es decir, se preocupan por sus propios beneficios y de los suyos –en general-, pero no del pueblo colombiano.

El segundo, que los acuerdos, particularmente los políticos, tengan una lógica de “feudo político” para la defensa del privilegio conseguido con violencia. En este sentido, los jefes de las Farc parecen demasiado preocupados por garantizar el poder político suficiente para defender lo que ganen en la negociación y lo que se han robado en décadas de guerra, en una terrible lógica de homologación de fusiles por curules.

El tercero, la despreocupación (actual, lo reconozco) por la discusión sobre la justicia. Los méritos de cualquier acuerdo que se logre están en su duración, en su sostenibilidad, y eso se consigue según el grado de justicia que se alcance. Las negaciones de las Farc y la “prudencia” del gobierno para tratarlo son malas señales sobre lo que viene.

Las Farc quizá no lo saben –seguro lo han olvidado luego de décadas de matar colombianos- pero el nuestro es un sistema democrático liberal sustentado por supuesto en la libertad de pensamiento y expresión. Podemos y debemos hablar sobre la negociación en La Habana, señalar sus dificultades y consecuencias y que en el proceso, no nos tachen de fundamentalistas.

NO SOMOS LOS ENEMIGOS DE LA PAZ - El Colombiano

NO SOMOS LOS ENEMIGOS DE LA PAZ - El Colombiano

Guardar serias reservas, e incluso oponerse a la negociación con las Farc en La Habana, no puede ser un sinónimo de uribismo, menos aún, de guerrerismo. Pero ya se ha convertido en un lugar común de la opinión pública, por lo menos, de algunos columnistas y medios de comunicación, relacionar cualquier crítica al proceso con una posición fundamentalista respecto a la solución del conflicto entre la sociedad colombiana y el grupo guerrillero.

Recuperando el honor (Versión extensa)

Graffiti en Tarazá, Antioquia

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada da el 07 de noviembre de 2013 en Catalejo del periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

Algo menos de la mitad de los robos realizados a almacenes de grandes superficies en el año 2012 se han podido vincular a sus propios empleados, según Fenalco. Así, ni crimen organizado, ni esfuerzo sistemático, las grandes pérdidas de los comerciantes se encuentran en las pequeñas deshonestidades de sus mismos trabajadores.

Y esa es la corrupción más invisible, pero más grave.

He sostenido anteriormente que los valores determinan el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Los aumentos en la penas, incluso en la posibilidad de captura de los infractores de las normas solo lleva a que los desviados se vuelvan más hábiles, solo la terrible carga de la propia conciencia es lo suficientemente efectiva para reducir en el largo plazo nuestras deshonestidades. La culpa es el sentimiento más determinante a la hora de tomar la decisión de hacer trampa, defraudar o mentir.

Ante este escenario cobra importancia pensar en rescatar algunos valores que ayuden a incentivar los comportamientos socialmente benéficos. En nuestro contexto, rescatar el honor como valor cardinal es apenas lógico.

Pero este no es solo un discurso sustentado en la nostalgia. En realidad, el honor crea excelentes incentivos para comportamientos socialmente benéficos. El economista y sicólogo Dan Ariely ha realizado experimentos que han sugerido que las personas hacen sustancialmente menos trampa en un examen cuando justo antes de empezarlo juran sobre un código de conducta honorable. 

En efecto, las personas se preocupan por la manera como se comportan cuando se les recuerdan que tienen deberes y que violarlos los deshonraría.  Y como se preocupan por la buena imagen que tienen de sí mismas, harán todo lo posible – ¡incluso ser honestos!- para mantenerla.

Sin principios firmes, el comportamiento humano se encuentra a merced del vaivén de las circunstancias, de las conveniencias pasajeras del contexto o el egoísmo.

Así, recuperar el honor sería un esfuerzo social, una dirección clara y necesaria para el país, en donde todos los ciudadanos participen. Porque igual daño hace el político y el empresario corrupto que el transeúnte tramposo; violar las normas no es un asunto de posición, sus efectos son perjudiciales para todo el cuerpo social, desde todas las esquinas sociales.

Debemos empezar entonces por lo que puede fortalecerse. No partimos de la nada, algunos ejercicios recientes en el país han demostrado que contrario a los prejuicios, los colombianos somos sustancialmente más honestos y honorables de los que sugieren los estereotipos.

Puede sonar inocente, pero las sociedades se construyen a partir de proyectos imposibles y en ocasiones el exceso de practicidad nos lleva a casarnos con objetivos sencillos pero poco importantes. Es hora de retomar valores importantes, de reconstruir el honor olvidado.

Dilemas de Estado (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 31 de octubre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

Pensemos, por un minuto, que conviven dos Estados. El primero es burocrático, lento, ineficiente; lleno de frenos, eternos procesos y trámites y sus resultados comúnmente nulos. Sus impuestos son prohibitivos y arbitrarios, sus funcionarios corruptos e irresponsables y el ejercicio de sus labores, al menos dudoso.

El segundo es rápido, dinámico y eficiente. Aunque también cobra impuestos, es terriblemente eficaz a la hora de proveer seguridad y administrar justicia. Sus responsables son despiadados en sus responsabilidades, pero pocos se atreverían a decir que no saben lo que hacen.

Ahora bien, pensemos entonces que podemos “escoger” entre estos dos Estados, el primero o el segundo.

¡Ah! Pero no es tan fácil, el primero es, en efecto, el Estado colombiano, democrático, legal y legítimo. Y el segundo, como no sería de otra manera, la “institucionalidad” paralela e informal del crimen organizado y los grupos armados ilegales.

Una decisión terrible, lo sé, pero que rige las vidas de cientos de miles de colombianos todos los días. Muchos, “incentivados” por la tiranía de los criminales, ceden ante el miedo que despiertan sus armas. Aunque no pocos lo hacen con menos resistencia, conocedores de los amplios beneficios de su monstruosa eficiencia.

El Estado colombiano se ha enfrentado durante casi toda su historia a poderosos competidores internos. Su soberanía ha estado amenazada por el accionar de docenas de grupos ilegales que compiten por controlar porciones del territorio nacional o apoderarse de la institucionalidad.

En esta constante lucha, el Estado ha intentado combatir y negociar, intervenir en su relación con estos actores irregulares para garantizar, en la mediada de lo posible, su efectivo ejercicio del monopolio de la fuerza.

Sin embargo, al final la pelea por las lealtades locales de la población se reduce a una cruda competencia por ser el mejor proveedor de servicios y bienes públicos. En efecto, y aunque a muchos nos revuelva el estómago reconocerlo, la legitimidad estatal no es un asunto de legalidad o democracia, sino, más bien, de cruda eficacia y eficiencia. Las personas reconocen al que mejor les sirve, no al que hace mayores alardes de “representatividad”.

¿Provee mejor seguridad la policía que la “convivir”? ¿Se encarga más rápido del marido maltratador la comisaría o los “pelaos” del barrio? ¿Venden mejores arepas los almacenes de cadena o la tienda de esquina abastecida por la fábrica del “combo”?

Esa es la pelea, en ese terreno se libra la lucha por las mentes y los corazones de muchos colombianos. El Estado compite contra padrinos y mercaderes, y su única arma viable en el largo plazo es precisamente la que lo ha mantenido en crisis: funcionar, por primera vez, efectivamente.