DILEMAS DE ESTADO - El Colombiano

DILEMAS DE ESTADO - El Colombiano

Pensemos, por un minuto, que conviven dos Estados. El primero es burocrático, lento, ineficiente; lleno de frenos, eternos procesos y trámites, y sus resultados comúnmente nulos. Sus impuestos son prohibitivos y arbitrarios, sus funcionarios corruptos e irresponsables y el ejercicio de sus labores, por lo menos dudoso.

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El Estado analfabeta (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el 24 de octubre de 2013 en Catalejo del periódico El Colombiano. 

Por Santiago Silva Jaramillo

Confundida, doña Edilma* me mira sin entender la pregunta, aunque intenta disimularlo, apretando sus manos y mirando alrededor. “Eso de la política es muy complicado ¿cierto?” dice por fin, elusiva. Estamos en Segovia, en el nordeste antioqueño, realizando un ejercicio de economía experimental que incluye tres juegos y una encuesta. Nos encontramos tres investigadores de la Universidad EAFIT y treinta y dos personas de la comunidad en la casa de la cultura del municipio minero.

Edilma es analfabeta, nunca pudo estudiar, como nos reconoció luego de que le entregáramos la encuesta que debía diligenciar al final de los juegos, y trabaja en el último de los eslabones de la explotación artesanal de oro, escarbando la tierra que ya ha sido exhausta por los otros mineros. 

Llevo veinte minutos hablando con ella, intentado responder juntos las preguntas incluidas en la encuesta. En realidad no son difíciles, pero el analfabetismo no solo impide leer y escribir a la persona, afecta la manera como entiende, le vuelve casi imposible abstraerse, incluso afecta su habilidad para relacionarse con las demás personas. Mis explicaciones bien podrían ser de física cuántica para Edilma, ella simplemente no puede entender las preguntas que con algo de frustración y mucho pesar, intentamos responder.

Al final, luego de muchos espacios en blanco, algunos silencios incómodos, e incluso un poco de exasperación, terminamos el ejercicio. Edilma se despide, vuelve a su labor de “chatarrera” en las orillas de los ríos por esos veinte mil pesos semanales que gana con algo de suerte y nosotros regresamos a Medellín, al acompasado ritmo de la vida académica y las subestimadas comodidades de la capital departamental.

Porque viajar a las subregiones antioqueñas (por no hablar de toda la periferia colombiana) es encontrarse con un claro escenario de desigualdad institucional. Claro, las ciudades hierven en problemas, los ciudadanos exigen de sus autoridades un mejor gobierno y en las calles se respira en ocasiones el escepticismo de la vida urbana moderna. Pero existen unas instituciones que, con todas sus inconveniencias, funcionan, hacen presencia y al final, incluso a regañadientes, cumplen.

Unas semanas atrás, mientras conversábamos con un concejal de un municipio del occidente de Antioquia, le preguntamos por sus contactos con los gobiernos centrales (es decir, Medellín y Bogotá). El viejo político se río “¿Quiénes? No los conozco” respondió con ironía, antes de añadir: “por acá no viene nadie…”.

En efecto, existe una simple desigualdad presupuestal en término subregionales en Antioquia. Así, mientras Medellín cuenta con algo cercano a 1.570.000 pesos por habitante para la vigencia 2013, el municipio de Mutatá cuenta con algo menos de la mitad (unos 700.000 pesos) y el municipio de El Bagre con solo 530.000 pesos. Pero el asunto no solamente es de recursos, sino de gestión. De acuerdo al índice de desempeño integral del DNP, aproximadamente el 77% de los municipios colombianos tienen un desempeño por debajo del puntaje medio deseado (García y Espinosa, 2011). De igual manera, según el DANE, mientras el 12,35% de los habitantes de Medellín cuentan con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)[1], en Santafé de Antioquia el 44,1%, en Buriticá el 70,3%, en Dabeiba el 66,5, en Segovia el 44,5%, en Mutatá el 60,8%, en El Bagre el 50,8% y en Turbo el 67,4%.

Antioquia (aunque también Colombia) no puede seguir ignorando las brechas enormes que separan a sus centros de poder de sus periferias, cerrarlas constituye sin duda el mayor desafío actual a su desarrollo como región y es un objetivo obvio de cualquier justicia que queramos construir entre los antioqueños.

*Nombres cambiados

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[1] “La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela” (DNP).

Innovación criminal (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el 17 de octubre de 2013 en Catalejo del periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

Cambiante como siempre, la violencia en Colombia se sigue aprovechando de los viejos vicios para encontrar nuevos espacios e innovar en sus formas de sobrevivir, expandirse y fortalecerse. Ese tirano del que varias veces he hablado en esta columna, el miedo y la arbitrariedad de quienes lo utilizan como arma; la fuente del poder de los bandidos que someten a diario las calles de las ciudades y pueblos de nuestro país.

La primera señal de esta mutación es la ausencia completa de cualquier residuo ideológico; a las nuevas bandas poco les importan los fines políticos, aunque tengan una necesidad de cooptar los medios. De hecho, aunque entienden lo valioso que puede ser controlar algunos sectores políticos (incluso algunos sociales) en sus centros de operación, lejos están los tiempos en los que esta captura buscaba cambios sobre la estructura de las cosas públicas.

El más reciente y preocupante ejemplo es la captura del gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez.  El líder político es acusado de haber mantenido vínculos con los grupos de autodefensa y luego con las bandas criminales, además de supuestamente participar en la ejecución de tres homicidios de rivales y viejos aliados políticos de la región.

Según lo han reportado varios medios de comunicación (y en parte evidenció la oposición de la clientela política de Gómez a su captura), el gobernador guajiro mantiene un férreo control sobre las dinámicas políticas y sociales de amplios territorios en el norte del país.

Por otro lado, desde julio de este año, según  InSight Crime, las dos grandes estructuras criminales de Medellín, “los urabeños” y “la oficina de Envigado”, alcanzaron un acuerdo que busca regular sus conflictos económicos y de control de los combos en la ciudad. El pacto sería el principal responsable de la reciente reducción en los homicidios. En efecto, la Alcaldía de Medellín reportó que los homicidios se habían reducido en un 13,4% en agosto en comparación con datos del año pasado.

Los últimos años nos han mostrado cómo los criminales entienden que la violencia es mal negocio, que contratar sicarios, comprar armas y munición y sostener enfrentamientos son gastos de operación que mejor valdría evitar.

Nos enfrentamos entonces a una mafia con el poder militar de un grupo paramilitar, los recursos de uno narcotraficante y la intención de ocultamiento de las mafias tradicionales. En términos de innovación criminal, nos parecemos estar poniendo de nuevo a la vanguardia.

Así, los pactos, la cooptación política y las hegemonías criminales pueden llevar a una reducción de la violencia homicida, pero fenómenos como la extorsión, el desplazamiento forzado y la protección violenta tienden a empeorar. Al final, los ciudadanos terminamos cambiando los muertos por nuestras libertades.

Y aunque pareciera, esto no es un buen negocio, pues el intercambio no debería ser una opción social o éticamente válida para ninguno de nosotros.

INNOVACIÓN CRIMINAL - El Colombiano

INNOVACIÓN CRIMINAL - El Colombiano

Cambiante como siempre, la violencia en Colombia se sigue aprovechando de los viejos vicios para encontrar nuevos espacios e innovar en sus formas de sobrevivir, expandirse y fortalecerse. Ese tirano del que varias veces he hablado en esta columna: el miedo, y la arbitrariedad de quienes lo utilizan como arma; la fuente del poder de los bandidos que someten a diario las calles de las ciudades y pueblos de nuestro país.

Hagamos respetar nuestro voto (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna del 10 de octubre de 2013, publicada en Catalejo del periódico El Colombiano.

"Nadie es más apto para el gobierno"

-Lord Acton

Por Santiago Silva Jaramillo

Nuestro voto no puede ser una inconveniencia ambiental; las elecciones no pueden seguir siendo un trámite molesto que los políticos pasan cada cuatro años para seguir en el poder, para continuar su depredación o su torpeza.

Votar irresponsablemente es validar esa percepción perversa de quienes nos gobiernan, ya estamos tarde de empezar a hacer valer esos derechos políticos, de exigir responsabilidad y juicio por nuestros votos o, si ambos elementos parecen ausentes de las fotos y los logos en los tarjetones, depositarlos por la más democrática de las opciones electorales actuales: el voto en blanco.

Hace dos semanas, escribía en esta columna sobre la farsa de “renovación” política que están prometiendo los partidos políticos colombianos para las elecciones de 2014. Me sorprendió la respuesta de las personas, que en los comentarios y en redes sociales retomaron la discusión alrededor de la idea de votar en blanco.

En efecto, el debate sobre lo atractivo de esta opción ya empieza a sonar en las columnas de opinión y a escucharse en las calles; los colombianos se ven realmente desconcertados con las actuales circunstancias políticas y buscan alternativas.

Porque, ante las perspectivas de una competencia “Santos Vs. Santos” a la presidencia y entre Unidad Nacional y Uribismo al Congreso, algunos políticos se han estado moviendo para configurar esa esperada alternativa, esa supuesta tercería.

Pero y ¿qué esperamos de la famosa “tercería”? ¿Otro insulso proyecto político de centro, tan preocupado por no alinearse con nadie que no termina pareciendo nada? ¿O una propuesta trasnochada de izquierda, tan torpe que confirma todos los estereotipos? No, los movimientos de los que “no están con nadie” no traen mejores perspectivas para el panorama político del 2014.

El voto en blanco es una protesta en un tarjetón, es la mejor manera de decirles a nuestros políticos que no están haciendo las cosas bien, que lo que prometen no lo creemos y que sus picardías e ineptitud no nos representan.

Y a diferencia de lo que mucho sostienen, no es botar el voto. Esa es precisamente la mentalidad que nos ha mantenido a merced de los politiqueros, los torpes y los corruptos, pensar que la urgencia supera la importancia y que a falta de buenas opciones es preferible el “menos peor”. Mejor votar en blanco, que sepan ellos, por fin, que gobernarnos no puede, ni debe, ser tan fácil.

@santiagosilvaj

Transparencia y autocontrol… (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna del 03 de octubre de 2013, publicada en "Catalejo" del periódico El Colombia.

Por Santiago Silva Jaramillo

Desde hace algunas semanas, se transmite por los canales regionales de Antioquia y algunas emisoras de radio del departamento la campaña de medios “Transparencia y autocontrol” autorizada por la Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía de Medellín.

El video, que muchos conocimos por su difusión en redes sociales, y que pueden verlo en este enlace http://goo.gl/vN8bpw,  muestra a varios funcionarios cantando y bailando al son de una pegajosa canción sobre la importancia de la “transparencia y el autocontrol” en la gestión pública.

En respuesta a un derecho de petición presentado el pasado 2 de septiembre (Número de radicado 201300443495), la Alcaldía me informa que la producción de la cuña de la campaña tuvo un costo de $1.724.192 pesos y los espacios en medios, de $107.024.671 pesos a la fecha.

Aunque la cantidad de dinero utilizado pueda palidecer ante otras inversiones del municipio, resulta un completo exceso respecto a lo que pretende y puede lograr. Incluso en la concepción más inocente de la apuesta por la prevención pedagógica, ni ese video, ni esa canción suponen un compromiso serio por incentivar mejores prácticas en los funcionarios y la administración pública.

La única manera en la que el video podría resultar disuasivo para que los funcionarios no violaran sus deberes posicionales sería bajo la amenaza de aparecer bailando en una segunda versión.

Pero esta despreocupación por contar con un esfuerzo serio y comprometido por la transparencia pública resulta todavía más preocupante si revisamos los datos de percepción y confianza de las autoridades locales de Medellín.

En efecto, según Medellín Cómo Vamos, la percepción positiva de la Alcaldía, que en 2008 se encontraba en el 76%, en 2012 fue del 23%. Una reducción preocupante, pero no la única. De acuerdo a la Encuesta de Cultura Ciudadana, en 2011 solo el 15% de las personas confiaban en los funcionarios públicos y apenas el 13% en los políticos.

Peor aún, la percepción de corrupción de los medellinenses también ha declinado en los últimos años: el 77% de los encuestados consideraban que “más de la mitad de los funcionario públicos son corruptos” y el 55% que “más de la mitad de los ciudadanos son corruptos” en el año 2009. Esas percepciones se han incrementado al 81% y 67% respectivamente, en 2011, de acuerdo a la Encuesta de Cultura Ciudadana.

De la confianza que las personas tienen en sus instituciones y en sus funcionarios públicos depende en gran medida la efectividad y aceptación de las políticas públicas, del ejercicio del gobierno.

La transparencia debería ser un objetivo social serio y exigir un compromiso real e irrestricto por parte de las autoridades locales. Esta apuesta –tan difícil de apoyar por la mayoría de políticos- pierde fuerza cuando se toma con irresponsabilidad, entre bailes, canciones y millones de pesos desperdiciados en pauta publicitaria.