Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el 24 de octubre de 2013 en Catalejo del periódico El Colombiano.
Por Santiago
Silva Jaramillo
Confundida, doña
Edilma* me mira sin entender la pregunta, aunque intenta disimularlo, apretando
sus manos y mirando alrededor. “Eso de la política es muy complicado ¿cierto?”
dice por fin, elusiva. Estamos en Segovia, en el nordeste antioqueño,
realizando un ejercicio de economía experimental que incluye tres juegos y una
encuesta. Nos encontramos tres investigadores de la Universidad EAFIT y treinta
y dos personas de la comunidad en la casa de la cultura del municipio minero.
Edilma es
analfabeta, nunca pudo estudiar, como nos reconoció luego de que le entregáramos
la encuesta que debía diligenciar al final de los juegos, y trabaja en el
último de los eslabones de la explotación artesanal de oro, escarbando la
tierra que ya ha sido exhausta por los otros mineros.
Llevo veinte
minutos hablando con ella, intentado responder juntos las preguntas incluidas
en la encuesta. En realidad no son difíciles, pero el analfabetismo no solo
impide leer y escribir a la persona, afecta la manera como entiende, le vuelve
casi imposible abstraerse, incluso afecta su habilidad para relacionarse con
las demás personas. Mis explicaciones bien podrían ser de física cuántica para
Edilma, ella simplemente no puede entender las preguntas que con algo de
frustración y mucho pesar, intentamos responder.
Al final, luego
de muchos espacios en blanco, algunos silencios incómodos, e incluso un poco de
exasperación, terminamos el ejercicio. Edilma se despide, vuelve a su labor de
“chatarrera” en las orillas de los ríos por esos veinte mil pesos semanales que
gana con algo de suerte y nosotros regresamos a Medellín, al acompasado ritmo
de la vida académica y las subestimadas comodidades de la capital
departamental.
Porque viajar a
las subregiones antioqueñas (por no hablar de toda la periferia colombiana) es
encontrarse con un claro escenario de desigualdad institucional. Claro, las
ciudades hierven en problemas, los ciudadanos exigen de sus autoridades un
mejor gobierno y en las calles se respira en ocasiones el escepticismo de la
vida urbana moderna. Pero existen unas instituciones que, con todas sus
inconveniencias, funcionan, hacen presencia y al final, incluso a
regañadientes, cumplen.
Unas semanas
atrás, mientras conversábamos con un concejal de un municipio del occidente de
Antioquia, le preguntamos por sus contactos con los gobiernos centrales (es
decir, Medellín y Bogotá). El viejo político se río “¿Quiénes? No los conozco”
respondió con ironía, antes de añadir: “por acá no viene nadie…”.
En efecto,
existe una simple desigualdad presupuestal en término subregionales en
Antioquia. Así, mientras Medellín cuenta con algo cercano a 1.570.000 pesos por
habitante para la vigencia 2013, el municipio de Mutatá cuenta con algo menos
de la mitad (unos 700.000 pesos) y el municipio de El Bagre con solo 530.000
pesos. Pero el asunto no solamente es de recursos, sino de gestión. De acuerdo
al índice de desempeño integral del DNP, aproximadamente el 77% de los
municipios colombianos tienen un desempeño por debajo del puntaje medio deseado
(García y
Espinosa, 2011). De igual manera, según
el DANE, mientras el 12,35% de los habitantes de Medellín cuentan con
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)[1],
en Santafé de Antioquia el 44,1%, en Buriticá el 70,3%, en Dabeiba el 66,5, en
Segovia el 44,5%, en Mutatá el 60,8%, en El Bagre el 50,8% y en Turbo el 67,4%.
Antioquia
(aunque también Colombia) no puede seguir ignorando las brechas enormes que
separan a sus centros de poder de sus periferias, cerrarlas constituye sin duda
el mayor desafío actual a su desarrollo como región y es un objetivo obvio de
cualquier justicia que queramos construir entre los antioqueños.
*Nombres
cambiados
[1] “La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos
indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran
cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados
como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas,
Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados,
Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar
que no asisten a la escuela” (DNP).
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