Inseguridad Nacional (En Bajo la Manga y El Espectador Blogs)

"La visibilidad tiene sus lados negativos, hacerse notar implica el riesgo que, además de los buenos comentarios, vengan los malos, con intenciones ocultas o simplemente las burlas. Esta es una lección que nuestro país no ha querido aprender, mucho peor, que suele asumir con una inseguridad absoluta sobre sus propios méritos y sus viejos demonios".

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Evaluando a los candidatos (Versión completa)

(Imagen creada en Wordle)

En los últimos días se me han acercado muchas personas preguntándome “por quién votar”. Es entendible. Por un lado, muchos de estos indecisos son ciudadanos con esporádico interés en política, que ahora se ven desconcertados por la lentitud de la campaña, las extrañas peleas entre los candidatos y algunos temas complejos que ocupan la agenda.

Las elecciones presidenciales se acercan y más vale estar tan informado como sea posible sobre los candidatos de esta contienda electoral. En las próximas semanas escribiré mis opiniones y mi evaluación de los candidatos a la presidencia de nuestro país.

Juan Manuel Santos - Partido de la U, Partido Liberal, Cambio Radical

A Santos hay que evaluarlo, más que como candidato, como gobernante. Su reelección implicaría continuidad de sus políticas y de su liderazgo; por eso lo hecho es la mejor muestra de lo que se hará. La realidad es que el país ha avanzado en estos tres años en reducción de la pobreza y el desempleo. La desigualdad y la informalidad laboral, dos asuntos estructurales que los acompañan, también han tenido reducciones, aunque más modestas.

Empero, la seguridad se ha deteriorado. En parte, por la búsqueda de visibilidad que pretenden las guerrillas en negociación, pero también por la implementación de políticas torpes a la hora de atacar el crimen organizado y la delincuencia común, particularmente en las ciudades.

La destrucción de las antiguas casas de vicio ha sido el epítome del santismo: una medida coyuntural y mediática que no soluciona ningún problema de fondo. Eso, junto a esa dosis exasperante de inocente y a la vez condescendiente centralismo que acompaña a su gobierno.

De igual manera, se han estancado reformas necesarias por culpa de la politiquería o el mal manejo de los actores concernidos por parte del Gobierno Nacional. Las reformas a la justicia, la educación y la salud, están todo menos resueltas. Mientras que la ejecución de legislaciones convenientes para el país, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha sido lenta y sin mayores resultados.

Santos no es un mal gobernante -por lo menos no tan malo como lo señalan los uribistas-, pero tampoco es uno excepcional. Su liderazgo de los asuntos del país es flaco y se encuentra tan preocupado por su imagen actual y su legado futuro, que en ocasiones premia las coyunturas por el largo plazo, o desestima el ahora, por un futuro idealizado. Las dos alternativas, las escoge comúnmente en los momentos equivocados.

El presidente, por supuesto, propone continuidad, cuatro años más de lo que hemos visto en estos cuatro. Esa es la idea que deben evaluar los ciudadanos en las urnas, votar por Santos es validar su gobierno y querer más.

Enrique Peñalosa - Alianza Verde

Enrique Peñalosa es un mal político. Y esto es, curiosamente, tanto una ventaja, como una desventaja de votar por él. Se siente curiosamente incómodo en su posición de candidato, y lo digo porque, luego de una docena de campañas, uno pensaría que su desempeño en debates, entrevistas y correrías sería mejor que la nerviosa e insegura versión que estamos viendo.

Ágil a la hora de hacer alianzas que lo perjudican y ubicado casi siempre en movimientos o partidos políticos que poco lo quieren dentro de sus filas, Peñalosa ha tomado siempre decisiones políticas de dudoso mérito. Su incapacidad para navegar en el pantano de la política colombiana es un lastre que le ha costado varias elecciones.

De hecho, frente a su principal logro público -esto es, la Alcaldía de Bogotá- las percepciones ciudadanas pueden ser controversiales. En política no se pueden pretender consensos absolutos, pero las visiones encontradas sobre su desempeño como alcalde resultan frustrantes. Acá me refiero, por supuesto, a las ya famosas lozas y bolardos, y al mismo Transmilenio.

Sin embargo, Peñalosa siempre tuvo una idea muy clara de la ciudad que quería, y su trabajo -junto al de Antanas Mockus- le dieron algunos años de respiro a una ciudad que para entonces, parecía condenada a los problemas de una urbe tercermundista. Su versión de Bogotá no supervivió porque, en parte, los capitalinos la perdieron ante mafias y malos alcaldes, pero también, porque Peñalosa no supo capitalizar su buen gobierno.

Marta Lucía Ramírez - Partido Conservador

Marta Lucía Ramírez es la eterna ministra, haciendo parte de los gabinetes de César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Es una tecnócrata que ha jugado el juego político con ciertos aciertos, pero recientes dudas sobre los métodos para conseguirlos. Todavía queda el mal sabor de su elección como candidata del conservatismo en una convención llena de irregularidades.

Sus propuestas y discurso de campaña caen con demasiada facilidad en la demagogia punitiva -como al proponer penas de cadena perpetua a violadores y atacantes con ácido-, o en los lugares comunes de políticas.

La columna de su campaña es su propuesta de lucha contra la corrupción. Ramírez ha tenido una trayectoria política generalmente transparente, pero los eventos de la convención conservadora y los viejos líderes conservadores que conforman buena parte de su equipo de campaña le restan credibilidad a la apuesta. Sin embargo, Ramírez es una mujer juiciosa y su desempeño en ministerios y el Senado fue sobresaliente. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, y ha hecho política con relativo éxito.

Óscar Iván Zuluaga - Centro Democrático

Óscar Iván Zuluaga es un hombre juicioso en una situación extraña. Lo apadrina el hombre que es, por sí solo, una fuerza política, pero que siempre ha encontrado múltiples dificultades a la hora de escoger apadrinados y más importante, de endilgarles sus votos. Por otro lado, combina una sobresaliente carrera de servicio público con la incómoda posición de ser “el candidato de Uribe”; una condición que pone en duda tanto su independencia como su desvinculación del equipaje que el expresidente ha acumulado en sus largos años de ejercicio político.

Las calificaciones personales de Zuluaga no son puestas en duda por sus enemigos y contrincantes políticos; se ha preparado con juicio y cumplido su servicio público de manera sobresaliente. Sin embargo, quienes rodean (y en ocasiones integran) su campaña a la Presidencia de la República, despiertan más que dudas. Los recientes escándalos se explican en parte por la misma naturaleza degradada de la contienda política colombiana, pero también por las “regulares compañías” de los equipos de campaña. Zuluaga ha asumido los problemas de frente, acorde a su temperamento, pero los detalles del escándalo siguen acumulándose en su contra. Su pecado ha sido, sobre todo, la tolerancia de ciertas dinámicas perversas dentro de sus filas.

Clara López - Polo Democrático Alternativo

Clara López es una excelente candidata de la izquierda colombiana. El problema, curiosamente, es que las posiciones arcaicas de la izquierda colombiana determinan que su campaña no pueda deslindarse de las ideas anacrónicas que acompañan a este sector político en nuestro país. Así, a falta del progresismo de los partidos de izquierda socialdemócrata modernos, estamos ante la determinada testarudez de la izquierda trasnochada latinoamericana.

Sin embargo, López cuenta con una excelente preparación académica y desempeño público. Incluso logró que, reemplazando a Samuel Moreno en la Alcaldía de Bogotá luego de su destitución, la calificación de su gobierno provisional sobrepasara los setenta puntos.

En buena medida, que el Polo Democrático haya sobrevivido (apenas, pero lo hizo) a la administración distrital de los Moreno, se lo debe al trabajo de Clara López. Ella es, al final, una líder política valiosa y juiciosa, capturada por las posiciones ideológicas de un partido en problemas y de un contexto histórico olvidado. Estos, y los que he comentado en mis últimas dos columnas, son nuestros candidatos.

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Entre ellos está nuestro próximo presidente. Los invito, lectores, a que tomen una decisión consciente, informada, pero en libertad, y que encontremos buena suerte al depositar los tarjetones en las urnas. Ese es mi deseo, ciudadanos.

(Ver el Análisis de entrevistas de candidatos).

Construyendo una sociedad con ejemplos a seguir (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna del pasado 24 de abril de 2014, publicada en el periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

Cuando nuestras acciones e convierten en un reflejo de nuestro carácter, nos inclinamos más hacia las opciones morales y generosas

-Adam Grant

Paciente lector, lo invito a hacer un corto ejercicio antes de seguir leyendo esta columna. Cierre los ojos y piense en la personaje que le gustaría emular en vida; mejor dicho, en ese modelo a seguir según el cual, usted se comporta como lo hace día a día.

Gracias.

Es muy probable que sea alguien del que tiene una imagen positiva y, aunque con menos seguridad, posiblemente la persona en que pensó represente una imagen de ser un elemento socialmente positivo. Este “ejemplo a seguir” también determina la imagen personal que tenemos de nosotros mismo.

Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si nuestro personaje para emular fuera un bandido?

Pero aún ¿qué pasaría si nuestras oportunidades reales para alcanzar (o superar) el estatus social y alivio económico de nuestro personaje fueran nulas? Los incentivos para buscar canales “alternativos” serían enormes.

Así, muchos de las “desviaciones” de jóvenes en las sociedades modernas se podrían explicar desde la brecha que existe entre las expectativas creadas por sus aspiraciones de estatus y riqueza y las realidades presentadas en pocas oportunidades –legales y socialmente beneficiosas- de alcanzar estos escenarios.

En mi columna Emulación Olímpica (El Colombiano, 2012) hablaba del economista estadounidense Thorstein Veblen, que sostenía  que la emulación es una de las principales motivaciones humanas a la hora de tomar decisiones de vida. Mejor dicho, que los hombres estamos constantemente evaluando lo que otros han hecho o conseguido y si queremos seguir ese mismo camino. Que nos encontramos en una constante búsqueda por personas a las que emular.

De manera similar, un mentor es una persona que, a través de una tutoría cercana, se convierte en referente de conducta moral y comportamiento general para su aprendiz. Inculca valores, comparte experiencia, y aconseja decisiones.

Así, tenemos dos opciones para construir esa imagen personal tan importante: emular a alguna figura, por lejana que sea, en la que nos queramos convertir, o buscar la tutoría de un mentor que nos separe el bien del mal; el camino correcto por el errado.

Ahora bien ¿cuáles son los modelos a seguir y mentores más comunes en Colombia…?

Esto no es un asunto menor, las políticas de educación, juventud e incluso de seguridad bien podrían sacar lecciones de la disposición de las personas a emular figuras representativas y buscar mentores que determinen en muchos niveles, sus comportamientos familiares, profesionales y ciudadanos.

¿Qué podemos hacer entonces?

Primero, estimular modelos a seguir socialmente positivos y pragmáticamente alcanzables. Es decir, que generen externalidades deseables para la sociedad, pero que sean realistas para las personas que buscan emularlos.

Segundo, expandir oportunidades de desarrollo personal por vías convencionales, legales y socialmente beneficiosas. En otras palabras, crear los espacios para alcanzar los objetivos de esa imagen personal, conseguir el estatus social y la riqueza material que estas personas buscan.

Tercero, idear intervenciones públicas que ataquen desde dos frentes. Por un lado, presenten modelos a seguir positivos, y por otro, lleven una lógica de tutoría en cabeza de mentores, a la población juvenil en riesgo.

Cambiar la realidad de las personas pasa por convencerlas que ese cambio es posible y deseable y que existe un mundo de oportunidades más allá de mentores y ejemplos a seguir perversos. Que no todos tenemos que ser un bandido “cuando seamos grandes”.

Populismo y politiquería punitiva (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el pasado 17 de abril de 2014 en el periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

El pasado jueves 10 de abril, el Gobierno Nacional y la Policía, encabezado por un presidente Santos de ceño fruncido y tono vociferante, dio inicio a la destrucción de las casas en las que han funcionado expendios de droga. Unas 92 casas han sido señaladas en todo el país para la demolición, y los bulldozer ya han empezado la melodramática labor de echar al suelo las antiguas “ollas” de vicio.

La apuesta, aunque torpe, es muy clara: destruir físicamente el espacio donde funciona la distribución menudeada de droga en las ciudades, buscando evitar que se sigan utilizando para este fin.

Demoler las casas donde se vendía droga es la mejor expresión de "vender el sofá" que nos ha dado Colombia en los últimos años. El micro tráfico no se ve afectado, sino tangencialmente, por esta medida, que parece más una excusa para la politiquería de un candidato haciendo agua, que parte de un esfuerzo serio contra la venta de drogas ilegales en las calles colombianas.

De hecho, cualquier coyuntura que gane suficiente tracción en los medios llama, como a los buitres, a los legisladores y politiqueros colombianos. Los recientes ataques con ácido –que no han sido los únicos, el problema es bastante viejo-, y que aunque trágicos y absolutamente censurables, no constituyen la epidemia de degeneración social que algunos alarmistas denuncian.

La candidata conservadora a la presidencia, Martha Lucía Ramírez, en un arranque de arribismo y populismo punitivo, propuso la semana pasada que se castigue con “prisión perpetua” a violadores y personas que agreden a otras con ácido. El Movimiento Mira también aprovechó la coyuntura para retomar una iniciativa para endurecer las penas.

Pero ¿pueden penas mayores prevenir este tipo de delitos?

De acuerdo a lo reportado hasta el momento, los ataques con ácido en Colombia son, ante todo, crímenes pasionales. Penas más duras para estos delitos bien pueden constituir un castigo merecido o sacar de las calles a un personaje peligroso, pero resulta poco probable que disuadan a un futuro atacante de agredir a su víctima.

El caso es que algunos políticos se están aprovechando de un contexto de rentabilidad política, con un tema que logró inscribirse en la agenda mediática y, poco a poco, logra meterse en la agenda institucional, impulsada por la ambición de los politiqueros y la presión sobre los funcionarios.

Así, terminamos con leyes y políticas coyunturales, seguimos pretendiendo que las leyes nos salvarán, que legislar, además de un deporte nacional, puede cambiar realmente los profundos problemas de país.

Peor aún, legislar al ritmo de la distraída y paranoica agenda mediática no solo es dañino –y se presta para populismo y politiquería- sino que puede llevar a que se construyan soluciones simplistas y tontas para problemas que son reales y que merecen, como todos, de una discusión social amplia y juiciosa, no del tire y afloje de las pretensiones electorales de los políticos.

Pie de página: la arepa en la valla de campaña de Santos en la avenida Las Vegas en Medellín es tan ridícula, que por poco ni siquiera resulta ofensiva.

Atajando el robo (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el pasado 10 de abril de 2014 en el periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

El hurto es el principal delito que afecta la percepción de seguridad de las personas. Las consecuencias sociales del homicidio, la extorsión, el desplazamiento forzado o la desaparición son mayores, pero en la agenda ciudadana prevalece la posibilidad del atraco, el robo o el raponazo.

Y lo es porque es el delito más igualitario, el que nos toca a todos. Los más ricos y los más pobres sufren por igual del robo o atraco callejero, sobre todo, en tanto el objeto más robado es precisamente el que casi todo colombiano tiene: el celular (en efecto, y de acuerdo a datos del Banco Mundial, en Colombia hay más celulares que personas). Y de acuerdo a cifras de la Policía Nacional, el celular es el objeto más hurtado en el país; un enorme mercado ilegal se nutre de lo que los ladrones les arrebatan a los transeúntes en las calles.

Así, el delito más común en las ciudades colombianas es el atraco o raponazo. En efecto, el 71% de las victimizaciones en Medellín responden al hurto a personas. En Manizales el 85%, en Ibagué el 63% y en Bogotá el 77%, de acuerdo a cifras de la Red de Ciudades Cómo Vamos.

En efecto, el hurto se ha convertido en el principal delito que afecta la seguridad ciudadana de los colombianos. De acuerdo a la Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, de los 18,5% de colombianos que fueron víctimas de un delito o de violencia en 2013, el 11,4% fue por hurto personal.

En Medellín, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los robos se concentren en el Centro da cuenta de lo que hablo. La comuna 10 es el punto de encuentro de muchos ciudadanos, de la administración pública, de algunas de las empresas más grandes, y reúne las diligencias, compras y preocupaciones de casi toda la ciudad. Allí pululan los ladrones, y ningún visitante, por precavido que crea ser, está a salvo.

¿Qué hacer?

Primero, incentivar la denuncia. En efecto, solo el 22,6% de los colombianos que son atracados denuncian el hecho, en parte porque los montos de los robos son generalmente bajos, pero también porque desconfían de la celeridad y transparencia de las autoridades.

Por otro lado, el PNUD recomienda políticas de contención de los mercados ilegales en los cuales se mueven los bienes robados. Así, más que la persecución de los pequeños ladrones, las medidas deben dirigirse a desincentivar los grandes mercados negros que dinamizan y determinan la persistencia de los robos. Ubicar las plazas de comercialización o contrabando de estos bienes, e intervenirlos pertinentemente, resulta fundamental.

De igual forma, atacar a los grupos delincuenciales que se dedican a este delito y las organizaciones criminales encargadas del comercio ilegal de bienes robados. Pero desarticularlas, aunque necesario, no es solución al problema; la prevención de este delito implica intervenciones integrales de personas en riesgo para evitar su vinculación temprana grupos delincuenciales.

Finalmente, comunicar estas medidas y los posibles resultados. La percepción es una construcción de imaginarios sobre una situación. Es una sensación, y como tal, pasa por convencer a las personas que, en efecto, no tienen nada que temer.

Hay que oponerse a la constituyente de las Farc (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna publicada el pasado 03 de abril de 2014 en el periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

La propuesta de una nueva asamblea constituyente es inconveniente por dos razones. Primero, porque representa una exigencia ridícula por parte sea una organización criminal sin ninguna legitimidad política. Segundo, porque cambiar nuestra constitución cada veinte años no soluciona nuestros problemas políticos y profundiza ese vicio legalista tan colombiano de creer que todo se soluciona acumulando o haciendo nuevas leyes.

Primero.

Es inconcebible que la propuesta de las Farc tuviera resonancia. Ni oídos merecen, ahora menos, que el Gobierno Nacional lo considere una opción merecedora de reflexión. El rechazo debió sin implacable, como un reflejo. Ante la ausencia de esta posición, la actitud “prudente” del gobierno debe recibirse con profunda sospecha. Los colombianos no podemos permitir que los violentos sigan dándose ínfulas de estadistas y nuestros dirigentes, de sus mandaderos.

La famosa "balota por la paz" no es sino una manipulación barata del electorado colombiano, pegada del "goodwill" del concepto, para otorgar puntos políticos a la reelección del presidente Santos. Y que su promotora sea Piedad Córdoba solo genera una inocente sospecha: ayuda a la certeza de que alrededor de todo este cuento de la asamblea constituyente nos espera una enorme trampa.

Segundo.

La revista The Economist señalaba cómo las constituciones en los países europeos duraban unos 77 años en promedio, mientras en América Latina apenas si llegaban a un promedio de 16.5 años. Es un vicio común de sistemas políticos poco maduros: asumir que nuevas leyes solucionan problemas de fondo.

Y digo esto porque otros dos personajes que han salido a pedir nuevas constituyentes: Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Sus orillas son opuestas pero sus pretensiones no. En efecto, ambos pretenden cambiar las reglas de juego para volver a entrar al juego político desde una posición ventajosa.

El entramado legal no es sino eso, un marco de acción en el que los actores sociales escogen (o no) moverse. Sus estrategias, sin embargo, responder a su deseo de cuidar sus intereses y no al de seguir las normas. Al menos, no en tanto son solamente normas.

Ahora bien, cambiar la Constitución por las ambiciones personales de algunas figuras públicas no solo es inconveniente para la política de nuestro país, crea una inestabilidad en todo el sistema que solo puede traer consecuencias negativas en el largo plazo.

Al final.

Tenemos que recordar que no todo tiene que dejarse en una mesa de negociación, que no todo vale para alcanzar la paz, que nuestras reglas de juego –con sus fallas, con sus vacíos, con sus excesos-, son nuestras, han sido establecidas democráticamente, y ningún actor armado o político ambicioso puede extorsionarnos para cambiarlas en su propio beneficio.

Poniendo en cintura a las mafias (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el pasado 27 de marzo de 2014 en el periódico El Colombiano.

Por Santiago Silva Jaramillo

Tres episodios recientes nos dan cuenta de los enormes desafíos que el Estado colombiano todavía encuentra en términos del control efectivo y la presencia integral en todo su territorio. Tres tragedias, tres abandonos; el Estado encogido de hombros, apegándose con fuerza a la “descarga” histórica de sus irresponsabilidades sobre las periferias en el país; defendiendo ese centralismo cobarde y perezoso que ha dejado a su suerte a todo lo que no parece importante.

Primero, los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes en Buenaventura. Un fenómeno que no es nuevo, pero que nos presentan como novedad en la esquizofrénica opinión pública: el puerto más grande del Pacífico ha sufrido por años de esa combinación desastrosa entre ser demasiado importante para los criminales y sustancialmente irrelevante para las autoridades nacionales. Ahora el presidente anuncia aumentos de pie de fuerza y los medios y opinadores nos lamentamos de la tragedia, pero ¿cómo sanear décadas de desidia estatal y cooptación criminal con un par de cientos de policías y soldados?

Esos hombres tendrán el desafío imposible de una mafia organizada, con armas de ejército regular, y una determinación apalancada en los enormes intereses en juego; frente a la poca comprometida respuesta del Estado colombiano.

Segundo, los disturbios y el vandalismo contra el sistema de transporte masivo de la ciudad de parte de personajes que han sido asociados a los intereses de los más afectados por este cambio en la movilidad: los transportadores. En este punto, una mafia económica que ve cómo la sacan de un negocio en el que no son ni competitivos ni convenientes, responden con violencia ante las decisiones de beneficio público. La defensa violenta de su monopolio económico, pero particularmente las deficiencias del Estado de controlarla, de nuevo, habla de incapacidad o peor aún, prevención frente a su labor.

Tercero, la desatención de dos crisis ambientales: el incendio de la selva chocoana alrededor del municipio de Unguía y las consecuencias de la sequía en el departamento de Casanare. El Estado central colombiano ha establecido durante su historia reciente una política que permite, según el politólogo estadounidense James Robinson, “la libertad de las élites locales para dirigir las cosas como quieran” en las periferias. Por supuesto, la regla es que las dirijan mal. Casanare es el departamento que mayores recursos de regalías per cápita recibe en el país. Estos recursos, claramente, no han sido utilizados en obras de mitigación de daños ambientales, ni en la adecuación de las redes de acueducto. Los habitantes de Yopal, su capital, llevan años luchando por un acueducto que funcione efectivamente en la ciudad.

Al final, pelear contra las mafias es construir Estado (concentrar el monopolio de la fuerza) y para Colombia y su clase política debería ser la prioridad nacional. El Estado no puede seguir siendo cuestionado por competidores ilegales, encogiéndose de hombros, y dejando a sus ciudadanos a merced del caos y la arbitrariedad.