Dilemas de Estado (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 31 de octubre de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

Pensemos, por un minuto, que conviven dos Estados. El primero es burocrático, lento, ineficiente; lleno de frenos, eternos procesos y trámites y sus resultados comúnmente nulos. Sus impuestos son prohibitivos y arbitrarios, sus funcionarios corruptos e irresponsables y el ejercicio de sus labores, al menos dudoso.

El segundo es rápido, dinámico y eficiente. Aunque también cobra impuestos, es terriblemente eficaz a la hora de proveer seguridad y administrar justicia. Sus responsables son despiadados en sus responsabilidades, pero pocos se atreverían a decir que no saben lo que hacen.

Ahora bien, pensemos entonces que podemos “escoger” entre estos dos Estados, el primero o el segundo.

¡Ah! Pero no es tan fácil, el primero es, en efecto, el Estado colombiano, democrático, legal y legítimo. Y el segundo, como no sería de otra manera, la “institucionalidad” paralela e informal del crimen organizado y los grupos armados ilegales.

Una decisión terrible, lo sé, pero que rige las vidas de cientos de miles de colombianos todos los días. Muchos, “incentivados” por la tiranía de los criminales, ceden ante el miedo que despiertan sus armas. Aunque no pocos lo hacen con menos resistencia, conocedores de los amplios beneficios de su monstruosa eficiencia.

El Estado colombiano se ha enfrentado durante casi toda su historia a poderosos competidores internos. Su soberanía ha estado amenazada por el accionar de docenas de grupos ilegales que compiten por controlar porciones del territorio nacional o apoderarse de la institucionalidad.

En esta constante lucha, el Estado ha intentado combatir y negociar, intervenir en su relación con estos actores irregulares para garantizar, en la mediada de lo posible, su efectivo ejercicio del monopolio de la fuerza.

Sin embargo, al final la pelea por las lealtades locales de la población se reduce a una cruda competencia por ser el mejor proveedor de servicios y bienes públicos. En efecto, y aunque a muchos nos revuelva el estómago reconocerlo, la legitimidad estatal no es un asunto de legalidad o democracia, sino, más bien, de cruda eficacia y eficiencia. Las personas reconocen al que mejor les sirve, no al que hace mayores alardes de “representatividad”.

¿Provee mejor seguridad la policía que la “convivir”? ¿Se encarga más rápido del marido maltratador la comisaría o los “pelaos” del barrio? ¿Venden mejores arepas los almacenes de cadena o la tienda de esquina abastecida por la fábrica del “combo”?

Esa es la pelea, en ese terreno se libra la lucha por las mentes y los corazones de muchos colombianos. El Estado compite contra padrinos y mercaderes, y su única arma viable en el largo plazo es precisamente la que lo ha mantenido en crisis: funcionar, por primera vez, efectivamente.