Esta es la versión extensa de mi columna publicada en Catalejo del periódico El Colombiano el pasado 05 de diciembre de 2013.
Por Santiago
Silva Jaramillo
La semana
pasada, LA FM dio
a conocer una investigación sobre las ausencias repetidas y sistemáticas de
los congresistas a las sesiones y las excusas médicas de dudosa procedencia que
utilizaban para justificarse. El informe nos presentó desde once ausencias por
parte de una congresista en menos de seis meses, hasta
la extraña figura de las “licencias no remuneradas pagas”.
Pero estas
muestras de irresponsabilidad desde el legislativo son claramente incentivadas
desde el ejecutivo. Hace no tanto tiempo –aunque en el imparable ritmo de la
atención pública parezca una eternidad- el presidente Juan Manuel Santos
decidió decretar una prima de compensación a unos 2.000 funcionarios de mediano
y alto nivel que compensaba unos ocho millones de pesos que un fallo del Corte
Constitucional les había quitado. Los congresistas, por ejemplo, volvieron a
ganarse los 24’054.000 de pesos mensuales (sin contar los auxilios y otros
beneficios) a los que estaban tan bien acostumbrados.
Incluso si
ignoráramos el, por lo menos, dudoso trabajo de muchos de nuestros
congresistas, la suma de su salario nos da muchas pistas de nuestros mayores
problemas sociales. Esos 24 millones de pesos mensuales es aproximadamente 42,3
veces el salario mínimo mensual en Colombia. Ahora bien, esta proporción –desigualdad
le dirían en lugares serios- no es común a nivel internacional. En Estados
Unidos, un congresista se gana 10 veces el salario mínimo de su país, mientras
en Gran Bretaña un miembro de la Cámara de los Comunes se gana solo 5 veces el
del suyo. En Ecuador, la proporción es a la mitad de la colombiana, sus
parlamentarios se ganan 20 veces el salario mínimo que es, por otro lado, muy
similar al nuestro.
Por supuesto que
hay congresistas juiciosos –y no son pocos- pero la irresponsabilidad parece
ser la única regla que respeta un grupo importante de nuestros parlamentarios.
En el fondo, el
problema es asumir los cargos de elección pública como un privilegio y no como
una responsabilidad, asumir que el voto es, al final, una validación de los
excesos, una libreta de excusas inagotable para defender únicamente los
intereses personales. La irresponsabilidad es el peor de los defectos que
pueden tener los líderes políticos, saberse por encima de todos los demás, sin
control, sin razones y libres para hacer y deshacer en tanto el esfuerzo les
reporte un beneficio individual.
La inclinación
de los gobiernos colombianos –todos, de eso pocos se salvan- a constituir su
legitimidad política sobre las viejas redes clientelistas, tampoco ayuda. Es
difícil combatir contra una “tradición” perversa como esa, pero es una lástima
que nuestros políticos se aguanten con tanto esfuerzo las ganas de hacerlo.
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