Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en Catalejo del periódico El Colombiano, el pasado 20 de diciembre de 2013.
Por Santiago Silva Jaramillo
En la madrugada del 13 de
diciembre murió el cabo Wilson Alejandro Cortez Rubio en las puertas de la
Cuarta Brigada en Medellín, abatido luego de enfrentarse a disparos con agentes
de la Policía. El
confuso hecho ya es motivo de investigación por parte de las autoridades,
sin embargo, algunas explicaciones preliminares vinculan a su posible
padecimiento de estrés postraumático, un trastorno nervioso común entre los
combatientes.
Un caso
similar se presentó el pasado 12 de junio de 2012, cuando el reservista del
Ejército Javier Osorio López apuñaló a su siquiatra en el consultorio donde lo
atendía. El soldado había prestado servicio hasta el año 2008, y dos años
después ganó una tutela para recibir tratamiento psiquiátrico, el doctor Pedro
Sánchez Gaviria llevaba una semana viéndolo cuando fue asesinado.
Son dos casos específicos de una realidad
preocupante: entre los años 1990 y 2010, 4.207 miembros de la Fuerza
Pública colombiana resultaron heridos por caer en campos minados; en la última
década, unos 18.999 soldados han sido heridos en combate, 2.377 en el último
año, según datos del Ministerio de Defensa.
Sin importar las reservas sobre
el futuro y las perspectivas de la negociación en La Habana, si se logra un
acuerdo entre las Farc y el Gobierno el país no solo tendrá que reintegrar a un
par de miles de guerrilleros desmovilizados. También va a recibir a muchísimos
soldados, marinos y policías de los 444.518 que prestan servicio actualmente.
Porque aunque el Gobierno haya
desestimado en varias ocasiones que se vaya a reducir el pie de fuerza, lo
más probable es que, frente a los desafíos que dejará un supuesto acuerdo en La
Habana –esto es, bandas de crimen organizado dedicas al narcotráfico y la extorsión-
la apuesta de seguridad pública será muy diferente a la actual en términos del
capital humano utilizado.
Ahora bien, los analistas parecen
obsesionados con la desmovilización de los guerrilleros, pero probablemente
volverán a ser civiles muchísimos más miembros de las Fuerzas Armadas y es una
obligación moral de la sociedad colombiana diseñar políticas que los acojan con
trabajos de calidad, atención médica y psicológica enfocada en sus necesidades,
acompañamiento social y capacitación en nuevos oficios.
Nuestros soldados y policías han
hecho enormes sacrificios por ganar y conservar nuestra seguridad y les debemos
que su regreso a la civilidad tenga todas las garantías que una sociedad
agradecida puede ofrecer. En efecto, morir no es el peor destino que puede
esperar a un soldado, el abandono y la traición de sus compatriotas son peores
que cualquier muerte física.
No hay comentarios:
Publicar un comentario