(Esta es la versión extensa de mi columna publicada en el periódico El Colombiano el 2 de agosto de 2012, incluye enlaces y el desarrollo de algunas ideas insinuadas en el texto original).
Por Santiago Silva Jaramillo
El pasado miércoles 25 de julio la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su informe anual sobre cultivos ilícitos y producción de droga en Colombia. El informe detalla el comportamiento de los cultivos, sobre todo, su distribución geográfico.
Y esto es importante porque nos señala los retos futuros de la guerra colombiana contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Existe una relación clarísima entre el aumento de la violencia y de cultivos de coca en varias regiones del país. El narcotráfico, como bien conocemos, es también fuente de inestabilidad estatal, degeneración social y económica, deslegitimación de las instituciones y padrino de otras actividades ilegales.
Según el informe, la tendencia de reducción de cultivos se detuvo por primera vez desde 2007, esto a causa del aumento de los cultivos en Nariño, Putumayo, Guaviare, Cauca y Norte de Santander. La violencia que en los últimos meses ha desestabilizado estas regiones no es una coincidencia, mayor presencia cocalera desemboca inevitablemente en un deterioro del orden público.
Fuente: UNODC “Colombia. Censo de cultivos de coca 2011”. Junio de 2012.
Una primer hipótesis para este aumento puede verse en la disminución de la ayuda estadounidense en la lucha contra las drogas (este año se contrajo en más del 20%), unos recursos difíciles de conseguir en el corto plazo dentro del presupuesto de defensa nacional.
El informe también sugiere un cambio en las economías ilegales que atraen a los mafiosos. La minería ilegal en Antioquia es el mejor ejemplo. Muchos narcotraficantes han cambiado el negocio de las drogas al del oro en los últimos dos años. EL COLOMBIANO señalaba en una nota del 30 de julio que la reducción de algo más del 50% de los cultivos de coca en Antioquia de 2010 a 2011 se ha dado por este tránsito entre negocios ilícitos.
Mejor dicho, que la acción del Estado no está eliminando las economías ilegales del departamento, las estructuras ilegales solo están diversificando sus actividades.
Lo anterior también es cierto para la explotación petrolera. Colombia ha casi duplicado su producción en la última década, acercándose cada vez más al millón de barriles diarios. Sin embargo, los grupos criminales han estado atentos a la tendencia de los hidrocarburos y sus acciones en contra de la infraestructura física y la extorción a contratistas y empleados de las petroleras ha aumentado exponencialmente.
De acuerdo al Centro de Seguridad y Democracia el secuestro ha aumentado de 158 casos en 2009 a 229 en 2011. Los atentados a la infraestructura económica han pasado de 233 en 2010 a 308 en 2011 y el sabotaje de la infraestructura petrolera se ha triplicado desde 2009.
Por supuesto, el aumento del interés de los grupos criminales en estas zonas del país implica mayor violencia y afectaciones al sistema electoral. En efecto, la guerracontra lasguerrillas se ha concentrado en las zonas de frontera (Arauca, Norte de Santander, Putumayo y Nariño) y en viejos bastiones como el Sur de Bolívar y Cauca.
De igual manera, según la MOE, los departamentos y municipios con mayor riesgo electoral en las elecciones locales de 2011 pertenecían a las zonas de frontera o a regiones de interés para narcotraficantes, guerrilleros o bandas criminales por su petróleo, oro o coca.
Cinco conclusiones pueden delinearse de todo este panorama. La primera es que las bandas criminales funcionan con una lógica económica tan dinámica como cualquier otra empresa y que sus intereses pueden variar con rapidez, dejando grandes esfuerzos de las autoridades en la basura.
Por otro lado, la guerrilla se comporta cada vez más según sus rentas del narcotráfico y la extorsión, la mayoría de sus acciones recientes han sido dirigidas a proteger o promover estos intereses económicos.
También, que cualquier parpadeo en la acción estatal puede significar un recrudecimiento de la violencia en el país; los criminales son rápidos, adaptables y tienen un olfato muy ajustado para recoger nuevas tendencias nacionales.
De igual forma, las actividades ilegales se entrecruzan y relacionan unas con otras, la lucha contra la ilegalidad y la informalidad económica debe ser frontal e integral, incluir aspectos represivos, pero también desarrollo e institucionalidad.
Y finalmente, que es la debilidad de nuestro gobierno central, del Estado en su conjunto, lo que ha llevado a que las zonas marginadas, lejanas y olvidadas de la geografía se conviertan en bastión de bandidos; un fortalecimiento institucional transversal debe ser la respuesta en las regiones del territorio nacional en dónde nunca o esporádicamente, ha existido un Estado colombiano.
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