Por Santiago Silva Jaramillo
La semana pasada Transparencia
Internacional presentó los resultados del más grande estudio internacional
sobre percepción de la corrupción de la historia reciente. En efecto, sus
resultados dan cuenta del panorama de las prácticas ocultas que afectan en
diferentes grados a todos los países del planeta. Los hallazgos en Colombia nos
dan algunas pistas más sobre el que con seguridad es nuestro mayor
problema–aunque en ocasiones sea
subestimado-: la
corrupción.
Nos dice el informe que las tres
instituciones que los colombianos perciben como más corruptas son los partidos
políticos, el poder legislativo y los funcionarios públicos. El 22% de los
encuestados han pagado un soborno
en el último año, mientras la institución a la que las personas más pagan
sobornos es la Policía,
con el 27% de las interacciones con ciudadanos terminando en alguna transacción
ilícita. Interrogados por las razones para pagar sobornos, los colombianos
citan “acelerar proceso y trámites” y “la única manera de obtener un servicio”;
es decir, la ineficiencia e ineficacia del Estado.
En efecto, la corrupción es un
problema gravísimo para la sociedad colombiana: porque deslegitima al Estado y
a la función pública; re direcciona recursos públicos hacia la defensa de
intereses privados; genera distinciones en la asignación de recursos, dificultando
la defensa de los derechos de propiedad y la resolución transparente de las
disputas; aumenta los costos de transacción, en la manera de sobornos,
tramitologías, desigualdades de información y monopolios, espionaje corporativo
y prácticas de competencia injusta y tráfico de influencias; afecta la manera
como los ciudadanos se relacionan con el sistema legal y normativo; y fomenta
el “acostumbramiento” de las personas a actuar ilegalmente.
Las experiencias internacionales han
demostrado que la lucha contra la corrupción no es un asunto de legislación,
tampoco de castigos ejemplares o recursos para los órganos de control. En
realidad, ha sido bajo una combinación virtuosa de educación en valores y
control ciudadano efectivo que los países más transparentes llegan a serlo.
Sí, como en tantos otros asuntos
públicos la solución está en manos de los ciudadanos de a pie y de la capacidad
que tengan para reunirse, organizarse y exigir cuentas claras y responsabilidad
a sus gobernantes.
Frente a esta realidad, nos
encontramos con algunos retos, pero también algunas oportunidades. Respecto a
los primeros, nuestra sociedad debe enfrentarse a la apatía y desinterés
generalizado en los asuntos públicos; según la Encuesta Mundial de Valores,
solo el 6,7% de los colombianos consideran que la política es muy importante en
la vida.
Pero también hay algunas
oportunidades. Otro de los hallazgos de
Transparencia Internacional es que el 97% de los encuestados están dispuestos a
actuar en contra de la corrupción y que el 79% esta de acuerdo en que la gente
ordinaria puede ayudar a mejorar la transparencia.
Debemos mejorar los espacios
participativos de control ciudadanos, como las veedurías ciudadanas, y fomentar
cualquier iniciativa crítica y transparente que busque presionar a los
políticos en el manejo de los recursos públicos. Atacar los anti valores que
promueven la corrupción –las justificaciones sociales de la trampa- también
pueden ganarnos un poderoso aliado en la lucha por la transparencia: mejores
conciencias.
En efecto, tenemos grandes retos,
pero aunque debemos exigir a nuestro gobierno acciones contundentes por la
transparencia, es en nuestras manos en donde se encuentra la mejor arma para
combatir la corrupción.
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