(Esta es la versión extensa de mi columna publicada en El Colombiano el 28 de febrero de 2013).
Por Santiago Silva Jaramillo
No puede ser que miles de personas vivan sitiadas
por el crimen en Medellín; que el derecho más básico de moverse, pero más
importante de tomar decisiones sin temer consecuencias arbitrarias, sea
violentado con impunidad es inaceptable.
En días pasados, dos niños fueron asesinados
en la Comuna 13 con una saña y crueldad digna de sicópatas. Y en Robledo,
una amenaza que fue luego desestimada como falsa por las autoridades, obligó al
cierre de colegios y negocios. Los días han pasado acumulando nuevos casos de
la violencia incesante que azota a la ciudad.
El asesinato de dos niños en la parta alta de
la Comuna 13 la semana pasado nos mostró la degradación a la que pueden llegar
estas prácticas intimidatorias. En efecto, el hecho se puede entender como una demostración de
poder, un mensaje macabro para la población de la zona, las familias de las
víctimas e incluso la ciudad en general: “miren lo que podemos hacer”.
Es una lógica que nos aterra, pero
innegablemente poderosa. La idea de que por medio de la barbarie se puede
dominar a otros seres humanos, de que el miedo es uno de los principales
motores de la conducta humana; de que a punta de violencia se ejerce la tiranía
sobre otros hombres.
Luego de estos terribles hechos, el alcalde Aníbal
Gaviria anunció la creación
de una “Consejería por la vida, la reconciliación y la convivencia”, lo que
parece un ejercicio puramente administrativo, pero increíblemente innecesario
en términos prácticos.
Las fronteras invisibles no son un asunto de
convivencia; no se pueden explicar desde la intolerancia o la resolución
violenta de conflictos cotidianos, sino desde el control territorial violento
por parte de estructuras delincuenciales que defienden sus negocios ilegales.
Si, dejémonos de eufemismos, nos enfrentamos a
criminales, que ganan su poder de su fuerza y capacidad para producir miedo en
la población.
El pasado martes 26
se anunció
la renuncia del Secretario de Seguridad de la ciudad, Eduardo Rojas León.
Casualmente, el día después de que Gallup presentara
su encuesta sobre la popularidad de personalidades nacionales, en la que el
alcalde Aníbal Gaviria perdió 18 puntos de aprobación, consecuencia
probablemente de la controversia por la actualización del predial y su manejo
de la situación de seguridad de la ciudad. Lo significativo, y también
frustrante del asunto, es que pareciera que las encuestas tienen un mayor
impacto en el cambio de las políticas y la permanencia de los funcionarios que
los mismos problemas o las exigencias ciudadanas.
En efecto, para poder contener y recuperar el
control sobre estas zonas en la frontera de la legalidad, la respuesta estatal
debe ser precisamente esa: ejercer su control legal sobre toda la ciudad y
proteger a su población de la violencia y la tiranía de estos bandidos.
Y si quieren mejorar el record de denuncias
ciudadanas, como sostiene todo quién se involucra en el asunto de seguridad de
la ciudad, deberán combatir primero la silenciosa tiranía del miedo a la que,
en muchos lugares de Medellín, los criminales tienen sometidos a sus
habitantes.
@santiagosilvaj
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