Abandonados a su suerte (Versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en 'Catalejo', del periódico El Colombiano, el pasado 21 de marzo de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo

Al fallar en algunas de sus responsabilidades más básicas, el Estado colombiano ha abandonado o subcontratado el control de enormes extensiones de su territorio. Nuestros problemas de seguridad, pero también de desarrollo económico y social, tienen su origen y combustible en la desidia central frente a las periferias.

Estados-nación se han constituido bajo la idea de vías de comunicación, seguridad y provisión de justicia. Eso es lo básico, eso es lo mínimo, y sin embargo, parece escurrírsele de las manos al Estado colombiano en casi todos sus intentos de lograrlo.

En su influyente libro “¿Por qué fracasan los países?”, Daron Acemoglu y James Robinson aseguran que la desidia centralista de las autoridades colombianas llevó a que capital nacional y provinciales dejarán el poder regional en manos de mafias políticas y armadas. La desconexión ha sido premeditada; a la sabana le ha interesado muy poco el acceso, el control y la prosperidad de los llanos, las costas, montañas y riveras.

Señalan Acemoglu y Robinson que el colombiano “es un Estado sin centralización suficiente y con una autoridad lejos de ser completa sobre todo su territorio”. De esta manera, aunque el Estado colombiano parece competente en algunas zonas, particularmente urbanas, de su territorio, en otros lugares “proporciona pocos servicios públicos y prácticamente ninguna ley y orden” (2012: 446).

El Estado colombiano ha sido históricamente débil, por incapacidad o falta de interés, de controlar su propio territorio efectivamente. El problema es que la ausencia estatal es un poderoso incentivo para la cooptación de los recursos naturales de forma ilegal por grupos armados o criminales y la utilización de los beneficios como combustible de conflicto.

Se han hecho esfuerzos, por supuesto, en algunos frentes enormes. En efecto, Colombia cuenta con una presencia institucional en su territorio desconocida por la mayoría de su historia. Pero las deficiencias siguen siendo gigantescas.

La descentralización política que ha adelantado el Estado colombiano en los últimos años simplemente le dio más recursos a las mafias regionales para que la depredaran. Regalías y transferencias se han unido, en algunos casos, a las rentas que persiguen grupos armados y corruptos locales.

En el texto “El gobierno del oro en el Bajo Cauca” del libro “Economía criminal y poder político”, editado por la Universidad EAFIT y Colciencias, Jorge Giraldo afirma que “el Estado colombiano, históricamente, se ha desentendido de la regulación de la explotación aurífera y que ello ha traído consigo varios intentos por parte de diversos agentes sociales de establecer reglas propias –Informales y regionales- de gestión de la economía del oro y, con ella, de la población, sus asentamientos y sus relaciones sociales y políticas” (Giraldo, 2013).

Giraldo denomina este fenómeno como  "descarga", entendida en términos ‘weberianos’, como el traslado de actividades de responsabilidad estatal a contratistas o delegados que se encargan de llevarlas a cabo. Así, el delegado recibe los beneficios de, por ejemplo, tributar una actividad económica que el Estado no quiere o puede controlar. En efecto, la descarga obedece comúnmente a la incapacidad administrativa del Estado para controlar una actividad y la falta de confianza que genera su aparato público en la población dedicada a esa actividad.

En este asunto, resulta particularmente frustrante que, incluso cuando en algunos frentes se ven esfuerzos, en otros se mantiene ese irresponsable desinterés central. De hecho, las vías se pueden ver como las vertebras de una nación; la comunicación como la capacidad para mover las extremidades del “cuerpo” del Estado. El estado de la infraestructura vial de nuestro país nos muestra un preocupante diagnóstico sobre la efectividad de cualquier esfuerzo de construcción estatal bajo la realidad de la incomunicación en la que vive medio país. 

En efecto, según datos del informe “Transporte en cifras” de 2012, realizado por la Oficina Asesora de planeación del Ministerio de Transporte, en 2011, del total de 214.433 kilómetros de la red vial nacional, solo 17.283 hacen parte de las vías primarias, y de estas solo 8.313 están pavimentadas.

El panorama es igual de negro en el transporte fluvial, el Magdalena, por ejemplo, pasó de transportar 2.131.348 toneladas en 2002 a 1.631.269 en 2011. La navegabilidad de nuestros ríos, abandonados al desgaste, se ha convertido en otra oportunidad perdida por la falta de un Estado central dispuesto a coordinar esfuerzos regionales. De otro lado, el desmonte de la red ferroviaria ha llevado a que los 2.822 kilómetros que teníamos en 1980 se reduzcan a 1.672 en 2009, según el Banco Mundial. Una cifra preocupante, incluso en términos comparativos, en el mismo año, Bolivia tenía 2.866 y Perú 2.020 kilómetros de vías férreas.

El aislamiento ha implicado en la historia colombiana el ascenso de poderosos grupos competidores del Estado central; desde guerrilleros y paramilitares, hasta narcotraficantes y corruptos, todos se han sostenido en el abandono sistemático de la centralidad para capturar las periferias. Incentivados por el deseo de capturar las lucrativas actividades extractivas (coca, petróleo y minerales), estas organizaciones han buscando controlar gobiernos y territorios abandonados a su suerte por el Estado central.

La política de Consolidación ha sido el primer esfuerzo sostenido y pertinente que realiza el Estado colombiano por “construir institucionalidad” en territorios históricamente abandonados de la geografía nacional. Dice la política: “el Estado deberá pasar de la etapa de control territorial a una de consolidación del control del territorio”. De esta manera, la estrategia de consolidación del control territorial se concentra en alinear los esfuerzos militar y policial, con el esfuerzo antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico y fortalecimiento institucional del Estado. La idea es que por medio de la presencia efectiva del Estado, se logre asfixiar a los grupos ilegales competidores.

Resulta por lo menos frustrante que, bajo la disparidad de esfuerzos, se puedan perder las increíbles inversiones y las intervenciones positivas que realiza una parte del Estado bajo la inefectividad de otra. Sin vías, sin comunicación, este país no puede aspirar a llevar su Estado a todo su territorio, y este error podría costarnos mucho en el marco de esfuerzos pertinentes, como la política de Consolidación.