Esta es la versión extensa de mi columna publicada en el periódico El Colombiano el jueves 21 de febrero de 2013.
Por Santiago Silva Jaramillo
(@santiagosilvaj)
Las Farc continúan sembrando
de minas el campo colombiano, pero en los cínicos objetivos de negociación
de la agenda de La Habana no existe la más mínima mención a la enorme labor de
desminado o la atención a las miles de víctimas que implicará un pos conflicto.
En 2011, 538 personas fueron
víctimas de minas anti persona en Colombia. Somos los terceros en el mundo,
después de Afganistán y Pakistán.
Colombia tiene, según el “Monitor
de Minas Terrestres y Munición de Racimo”, entre 10 y 100 kilómetros cuadrados de
su territorio sembrado de minas anti persona. La organización internacional
señala a las Farc como el principal grupo armado en la utilización de estos
instrumentos y de artefactos explosivos improvisados. De hecho, su informe
anual de 2012 los llama “el grupo rebelde más prolífico en el uso de minas
anti persona en el mundo”; otro de esos deshonrosos honores que sigue
acumulando la guerrilla y su viejo accionar criminal.
De igual manera, el horrendo y
extensivo uso por parte las Farc de minas anti persona nos ha logrado clasificar
para hacer parte del club de países con más de cinco mil víctimas; de nuevo,
compartimos podio con Afganistán, Irán y Somalia. Las cicatrices de esta
silenciosa y en ocasiones ignorada tragedia, serán muy difíciles de sanar; sobre
todo con unos victiminarios que ante las acusaciones solo se encogen de
hombros.
Pero el tamaño de este problema
parece no haber sido suficiente para el Gobierno Nacional; en efecto, la
atención a las victimas y el desminado no se incluyeron en los temas a discutir
dentro de la agenda de negociación en La Habana.
En este sentido, el pasado siete
de febrero el Secretario
de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, hizo un llamado al Gobierno y a
las Farc para que discutan el tema, dada la crítica situación del Departamento,
en dónde 98 de los 125 municipios tienen presencia de minas anti persona o artefactos
explosivos improvisados. En efecto, según el funcionario, Antioquia aporta el
22% de las víctimas de minas anti persona del país, pues desde 1990, unas 2.263
personas han sido heridas o muertas por estos artefactos.
Al utilizar con tan irresponsable y criminal intensidad un artilugio de
muerte tan injusto e indiscriminado como las minas anti persona, las Farc han
adquirido una enorme deuda con el país, una que solo en una ínfima pero
importante parte pueden pagar si ayudan a las labores de desminado; si nos
pueden señalar los campos de muerte que ellos mismos sembraron. Sería apenas
sensato esperar que el Gobierno, en alguno de raros intervalos de coraje, exija
esto como parte de los acuerdos finales del agridulce proceso de La Habana.
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