El debate de las tierras (Versión extensa)

(Esta es la versión extensa de mi columna en El Colombiano del 24 de enero de 2013)

Por Santiago Silva Jaramillo

Durante las últimas semanas se discute en La Habana sobre el problema de la concentración de tierra en nuestro país. Las Farc, con ese descaro que les sale con tanta naturalidad, hablan con los negociadores del gobierno sobre la desigual propiedad de la tierra en Colombia. Ellos deberían saber muy bien, su grupo guerrillero es probablemente uno de los más grandes latifundistas del país por cuenta de su robo de tierras en los Llanos Orientales.

En fin, las mentiras de las Farc se han vuelto tan predecibles que desmentirlas ya no es ni entretenido.  Sin embargo, resulta un despropósito que dejemos que un debate de la importancia como el de la posesión y explotación de la tierra en Colombia sea monopolizado por una banda de narcotraficantes y ladrones.

Según el Ministerio de Agricultura, durante lo más álgido del conflicto armado colombiano reciente fueron robadas unas seis millones de hectáreas por parte de paramilitares y guerrillas. Pero este asunto supera la restitución de tierras (para esto ya existe una legislación y algo de voluntad política para ejecutarla), se debe centrar en la histórica posesión desigual de la tierra en Colombia.

La concentración de la tierra no es mala en si, pero la baja productividad que generalmente implica tiene efectos nefastos para la economía y sociedad de un país. Y en Colombia, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 41% de los predios privados se encuentran en mano de algo menos de 100 mil dueños. En general, las grandes concentraciones de tierra llevan a tener una gran cantidad de esas propiedades dedicadas a explotaciones improductivas y que generan poco empleo, como la ganadería extensiva.

En efecto, mientras una hectárea de ganado genera en promedio 0,01 empleos directos, el banano de exportación genera 0,6 y las flores casi 15. Pero ¿cómo lograr una posesión más justa y productiva de la tierra?

La expropiación, por ejemplo, no puede ser una opción; el derecho de propiedad es uno de los pilares de las sociedades democráticas y ningún gobierno que se precie de ser democrático debería inclinarse a violarlo.

Sin embargo, esta no es la única herramienta al alcance del Estado. Una opción menos invasiva y más democrática de atacar el problema de la concentración de la tierra son los impuestos. En efecto, el sistema tributario colombiano premia los latifundios y les da una encima si están dedicados a actividades económicas improductivas y que generan poco empleo.

De esta forma, mayores impuestos para los latifundios (esto es, más de 200 Ha.) incentivarían la introducción de desarrollos agrícolas productivos que les permitan a los propietarios responder por las responsabilidades tributarias de sus tierras. Necesitamos un campo de agroindustriales, comprometidos con la generación de empleo.

Si el debate sobre la tierra en Colombia no gira entorno a la construcción de una agroindustria nacional de desarrollos agrícolas productivos, estará siempre contaminado por la demología de las propuestas absurdas, asistencialistas o antidemocráticas. O peor, por la inactividad.

Pero no existe un consenso ni compromiso político para lograr la legislación necesaria para estas reformas. El Congreso carga una crisis histórica de representación: los que están no tienen, ni de lejos, los intereses nacionales en la cabeza.

Ese es nuestro trabajo: elegir líderes políticos comprometidos con un campo más productivo, competitivo, justo y que generador de empleo.