(Esta es la versión extensa de mi columna publicada en el periódico El Colombiano el 20 de septiembre de 2012, incluye enlaces y el desarrollo de algunas ideas insinuadas en el texto original).
Por Santiago Silva Jaramillo
La corrupción, particularmente como expresión de la tolerancia a la ilegalidad, es el mayor desafío que enfrente actualmente Antioquia, un enemigo que se esconde bajo un manto de cotidianidad y trivialidad.
La página web Havocscope.com calcula que el tamaño del mercado negro colombiano supera los 14.5 billones de dólares. De estos, algo más de un tercio lo constituye el contrabando de bienes, un negocio que resulta por lo menos dos tercios tan importante como el narcotráfico en el país. El contrabando de alcohol, cigarrillos y la piratería de películas, música y software responden por el resto de la porción ilegal de nuestra economía. La minería y la tala de arboles ilegal también han aumentado su participación en los últimos años.
Según Fenalco, el 18 por ciento de los productos en el Valle de Aburrá son de contrabando. El porcentaje sube a 37 en las subregiones. Delitos como el contrabando de tabaco y de cigarrillos, la evasión de impuestos, la adulteración y la falsificación de bebidas alcohólicas y juegos de suerte y azar, la evasión de la sobretasa a la gasolina, la apropiación ilegal de hidrocarburos y la explotación minera ilegal le cuestan a Antioquia unos 384.400 millones de pesos al año en impuestos.
El gigantesco mercado está conformado por cientos de miles de elementos. De diferentes maneras, todos hacemos parte de ese monstruo ilegal. Sí, el día a día tiene que ver con la gran corrupción, incluso con el crimen organizado. Según algunos cálculos, el 53 por ciento del software en Colombia es pirata; Antioquia representa el 20 por ciento de este mercado que en 2011 superaba los 295 millones de dólares. Asuntos como la inversión extranjera, al igual que la innovación local, se ven desincentivados por este fenómeno.
Pero el contrabando y la piratería no solo privan al erario público de recursos de inversión, sino que financian la violencia y la tiranía de las organizaciones criminales. El compromiso por la legalidad no es justificable solo por su impacto en los presupuestos para realizar obras de desarrollo y ejecutar programas sociales, sino porque la ilegalidad e informalidad funcionan como el combustible que da poder a los mafiosos y corruptos de nuestra sociedad.
La ilegalidad se alimenta de la cultura del atajo, de la tolerancia a la trampa, de la admiración al egoísmo desbordado y la justificación social del engaño.
El esfuerzo contra la ilegalidad debe ser integral, liderado por el Estado pero acompañado por el resto de la sociedad. Porque en ocasiones el crimen se construye de la acumulación de pequeñas acciones irresponsables, como aquel empresario que vende grandes cantidades de abono a lugares en que lo único que se puede hacer son bombas o el ciudadano que compra un celular de procedencia dudosa, echándole leña al fuego de la demanda por dispositivos robados.
Es por eso que resultan tan convenientes programas como Antioquia Legal de la Gobernación de Antioquia, que busca con herramientas legales, administrativas, de control social y educación cultural incentivar lo comportamientos apegados a la legalidad en el departamento.
La apuesta de la Gobernación se sustenta en un enfoque integral, que incluye desde el control interno de la entidad, hasta las acciones preventivas ejecutadas en las escuelas antioqueñas. Sin embargo, el reto que tenemos por delante como sociedad, el desafío de contener esas inclinaciones y justificaciones tradicionales de la ilegalidad y la viveza representa un enemigo muy difícil de derrotar.
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