Por Santiago Silva Jaramillo
La semana pasada los colombianos
nos despertamos en un país en caos. Los campesinos, particularmente paperos de
Boyacá y Nariño, cumplían días de bloqueos a las carreteras, estrangulando el
flujo de alimentos a algunas ciudades capitales. En Medellín y Bogotá, un par
de miles de personas salieron a las calles a expresar su apoyo al paro agrario
y cumplir con el lugar común de las manifestaciones colombianas: lo que comenzó
como una demostración pacífica degeneró pronto en enfrentamientos con la
policía, saqueos y disturbios.
El presidente Santos y su
gobierno, como ya le es costumbre, respondieron con inconsistencia, prometía
medidas para el campo, pero culpaba a sus sucesores, reprimía las
demostraciones, pero insistía en sentarse a negociar con los líderes
campesinos.
Ahora bien, más allá de la
ineptitud gubernamental para manejar crisis como esta o las acusaciones de
infiltración guerrillera en las mismas, me preocupan dos asuntos sobre el paro
nacional.
El primero, la irresponsable
pereza con la que algunos han salido a señalar responsables por la crisis
agrícola. Por un lado, está el gobierno, que encogiéndose de hombros, ha
reunido una larga lista de responsable, ninguno de los cuales, convenientemente,
tiene algo que ver con los funcionarios: desde las administraciones anteriores,
hasta las Farc. En la otra esquina, los cantos de sirena de la izquierda, que
no aprovecha ocasión para reciclar su caduco discurso: el senador Jorge
Robledo, por ejemplo, se ha lanzado en una irresponsable diatriba contra los
tratados de libre comercio recientemente firmados por el gobierno colombiano,
cuyas desgravaciones, curiosamente, no han entrado en vigencia en su mayoría.
Numerosos análisis en las últimas
semanas han señalado los enormes desafíos del campo colombiano. En un escenario
de concentración de tierras, poca tecnificación, deficiencias en
infraestructura, monopolios de insumos y transporte, y contrabando a gran
escala, los tratados de libre comercio representan el menor de las
preocupaciones agrícolas. En efecto, en un sector de alta concentración como el
agro, son las grandes empresas -no los campesinos-los beneficiarios de
subsidios y proteccionismo. Es más, podrían verse como una manera eficiente de
“despertar” algunos sectores, aumentar la competencia de los monopolios
colombianos y mejorar los precios de productos internamente.
Mi incomodidad viene, por
supuesto, del hecho de que cuando las explicaciones para un problema público
son perezosas y politizadas (y por esto me refiero a inscritas en la excesiva
polarización), se reúnen los elementos para la construcción de políticas
erradas.
El segundo, creo, es mucho más
importante. Y es sobre la manera como los colombianos expresamos nuestra frustración
política –por merecida que sea-. Empiezo por decir que un acto realmente
revolucionario en este país sería respetar la ley, jugar según las reglas;
porque tirar piedra es de cobardes, de conformistas. En efecto, la manera como
degeneraron las manifestaciones en casi todo el país me generó sentimientos
encontrados con el paro, porque aunque entiendo el descontento, no estoy seguro si esta es la forma, si las
cosas se arreglan saliendo a las calles, incluso pacíficamente.
El problema es que sufrimos de indignación
selectiva, de inclinación vandálica y activismo apático. Los cambios no se
logran dándole “me gusta” a una foto, por muchos campesinos “enruanados” que
aparezcan en ella. Que las cacerolas aguanten hasta marzo y mayo de 2014, para
ver si descontento nos ayuda a depurar esa camada de bandidos que solemos
elegimos.
Protestamos y gritamos al cielo
cuando no es tan importante, para luego bajar la cabeza en elecciones y encogemos de hombros a la hora de ejercer
control social efectivo. Ojalá el descontento nos durara hasta las elecciones,
a ver si dejamos de votar por los de siempre.
@santiagosilvaj
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