Esta es la versión extensa de mi columna, publicada en 'Catalejo' de el periódico El Colombiano, el 28 de marzo de 2013.
Por Santiago Silva
Jaramillo
La Trata de
personas es un delito en el que una persona es trasladada dentro o fuera de su
país con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad ajena, matrimonio
servil o extracción de órganos. Colombia (particularmente los departamentos de
Antioquia, Valle, Risaralda y Caldas) se considera un país expulsor de víctimas
de Trata, en donde redes asociadas al narcotráfico y el tráfico de armas
engañan a personas y las desarraigan, para luego, bajo amenaza, explotarlas.
En gran parte, por
culpa de la misma naturaleza de la Trata, el desconocimiento y el subregistro
de los casos es generalizado. Esto lo ha convertido en un asunto
invisibilizado. En efecto, en estos días de la tiranía de las cifras, lo que no
se cuenta y registra, no existe. Y tanto gobierno nacional como gobiernos
locales tienen pocos recursos destinados a un problema poco entendido, ignorado
en la mayoría de Planes de Desarrollo e incluso complejo en términos legales.
El fenómeno sucede
bajo la expresión más salvaje de la naturaleza humana: la idea de que bajo el
engaño y la violencia se someta la voluntad y se explote a otro ser humano. La Trata
de personas es solo una expresión actual de esclavitud; el fin de la libertad y
un atentado en contra de la dignidad humana. Mujeres, hombres y niños son
obligados, bajo la amenaza o realidad de violencia, a entregar todo, a
enriquecer a sus captores perdiendo en el camino su integridad física, mental y
espiritual.
Así, bajo esta sombra,
el problema se convierte en parte de un círculo vicioso de desconocimiento e
inacción pública. En efecto, con contadas aunque importantes excepciones, la
falta de visibilidad del fenómeno, su poca denuncia y su ausencia en la agenda
institucional, ha implicado la inactividad casi completa desde la
administración pública. Algunos funcionarios, realizando sacrificios personales
y asumiendo responsabilidades que no les corresponde, constituyen en muchos
casos la única ayuda que reciben las víctimas.
Se multiplican
entonces estas tragedias silenciosas, una primera aproximación al problema
muestra que los más vulnerables a ser víctimas de Trata de personas son los que
ya han sido víctimas de otros abusos. La población desplazada, quienes han
sufrido violencia intrafamiliar, abuso sexual, pobreza extrema, hogares mono
parentales y bajos niveles educativos constituyen los casos más comunes. Las víctimas
tienen una o reúnen varias de estas características; en Colombia, la
acumulación de perjuicios llega a extremos espantosos y se constituye en la
puerta de entrada de nuevas miserias.
Organizaciones como
la OIM
y UNODC realizan esfuerzos diarios
por combatir el desconocimiento, la inacción gubernamental y el fenómeno; el
Ministerio del Interior y algunas administraciones locales también se han
comprometido con estudiar y atender la problemática. Incluso una reciente
telenovela parece indicar que la Trata de personas está dejando de ser un tema
oculto bajo la presión de problemas más apremiantes del país.
Aún así, muchos recursos
se han desperdiciado por falta de continuidad de los funcionarios y el
desconocimiento público del fenómeno lo ha condenado a la oscuridad en los
sectores de opinión. Es en esos dos esfuerzos, bajo ideas de prevención a
población vulnerable, educación y visibilización y judicialización efectiva de
las redes criminales, que el gobierno y los actores sociales interesados deben
abordar la lucha en contra de la Trata de Personas.
