lunes, 25 de febrero de 2013

Imperio Apático

Imperio Apático

Los últimos meses han estado llenos de señales de una probable “retirada” de Estados Unidos de los asuntos mundiales; la crisis económica, el final de la misión en Afganistán, las guerras en Libia, Siria y Malí, la eventual autosuficiencia energética y el más reciente discursos al Estado de la Unión del presidente Obama llevan a pensar que el tradicional aislacionismo estadounidense puede estar de regreso. Pero a diferencia de lo que muchos podrían querer pensar, un mundo sin la participación activa de Estados Unidos sería menos seguro, menos próspero y menos estable.

viernes, 22 de febrero de 2013

Fijarse en el suelo (versión extensa)


Esta es la versión extensa de mi columna publicada en el periódico El Colombiano el jueves 21 de febrero de 2013.

Por Santiago Silva Jaramillo (@santiagosilvaj)

Las Farc continúan sembrando de minas el campo colombiano, pero en los cínicos objetivos de negociación de la agenda de La Habana no existe la más mínima mención a la enorme labor de desminado o la atención a las miles de víctimas que implicará un pos conflicto.

En 2011, 538 personas fueron víctimas de minas anti persona en Colombia. Somos los terceros en el mundo, después de Afganistán y Pakistán.

Colombia tiene, según el “Monitor de Minas Terrestres y Munición de Racimo”, entre 10 y 100 kilómetros cuadrados de su territorio sembrado de minas anti persona. La organización internacional señala a las Farc como el principal grupo armado en la utilización de estos instrumentos y de artefactos explosivos improvisados. De hecho, su informe anual de 2012 los llama “el grupo rebelde más prolífico en el uso de minas anti persona en el mundo”; otro de esos deshonrosos honores que sigue acumulando la guerrilla y su viejo accionar criminal.

De igual manera, el horrendo y extensivo uso por parte las Farc de minas anti persona nos ha logrado clasificar para hacer parte del club de países con más de cinco mil víctimas; de nuevo, compartimos podio con Afganistán, Irán y Somalia. Las cicatrices de esta silenciosa y en ocasiones ignorada tragedia, serán muy difíciles de sanar; sobre todo con unos victiminarios que ante las acusaciones solo se encogen de hombros.

Pero el tamaño de este problema parece no haber sido suficiente para el Gobierno Nacional; en efecto, la atención a las victimas y el desminado no se incluyeron en los temas a discutir dentro de la agenda de negociación en La Habana.

En este sentido, el pasado siete de febrero el Secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, hizo un llamado al Gobierno y a las Farc para que discutan el tema, dada la crítica situación del Departamento, en dónde 98 de los 125 municipios tienen presencia de minas anti persona o artefactos explosivos improvisados. En efecto, según el funcionario, Antioquia aporta el 22% de las víctimas de minas anti persona del país, pues desde 1990, unas 2.263 personas han sido heridas o muertas por estos artefactos.

Al utilizar con tan irresponsable y criminal intensidad un artilugio de muerte tan injusto e indiscriminado como las minas anti persona, las Farc han adquirido una enorme deuda con el país, una que solo en una ínfima pero importante parte pueden pagar si ayudan a las labores de desminado; si nos pueden señalar los campos de muerte que ellos mismos sembraron. Sería apenas sensato esperar que el Gobierno, en alguno de raros intervalos de coraje, exija esto como parte de los acuerdos finales del agridulce proceso de La Habana.

jueves, 21 de febrero de 2013

FIJARSE EN EL SUELO - El Colombiano

FIJARSE EN EL SUELO - El Colombiano

Las Farc continúan sembrando de minas el campo colombiano, pero en los cínicos objetivos de negociación de la agenda de La Habana no existe la más mínima mención a la enorme labor de desminado o la atención a las miles de víctimas.

viernes, 15 de febrero de 2013

Disparos en la oscuridad (versión extensa)

Esta es la versión extensa de mi columna publicada en el periódico El Colombiano el 14 de febrero de 2013.


Por Santiago Silva Jaramillo

Estudios recientes en algunas ciudades de Estados Unidos han demostrado que, en el mejor de los casos, no estamos muy seguros de qué políticas son más efectivas para combatir el crimen y la violencia urbana. Esta es una conclusión frustrante para países como Colombia y ciudades como Medellín, que enfrentan enormes desafíos en términos de seguridad.

“El Alcalde tiene la culpa”, se oye en una conversación casual de cafetería, “la Policía no hace suficiente”, sentencia un segundo comensal. Son declaraciones bien conocidas, incluso compartidas por la mayoría de los ciudadanos de Medellín. La inseguridad es uno de nuestros peores problemas públicos; una carga enorme que hemos tenido que llevar a cuestas por demasiado tiempo y que aunque en ocasiones se haga más ligera, nunca nos abandona del todo.

Por eso es entendible la frustración ciudadana cuando los resultados no parecen ajustarse a los enormes esfuerzos y cuando las políticas de las autoridades locales y nacionales parecen palidecer ante el firme accionar de los grupos delincuenciales.

Según los hallazgos de la investigación conducida por el sociólogo de la Universidad de Nueva York, David Greenberg, la reducción histórica del crimen en su ciudad no se dio por publicitadas estrategias policiales como “ventanas rotas”, los sistemas de mapeo o el aumento de las cámaras de seguridad.

De hecho, Greenberg reconoce que las mejorías en seguridad de la mayoría de las ciudades estadounidenses es inexplicable; en tanto establecer una relación causa-efecto entre políticas y estrategias de policía y la reducción del crimen en los últimos veinte años no ha sido posible.

Algo similar sucedió en Medellín entre 2003 y 2007, cuando la ciudad alcanzó la tasa de homicidios más baja de sus últimos 20 años. Las políticas del gobierno nacional y del local seguro ayudaron, pero la dramática caída en la violencia de la ciudad tuvo mucho más que ver con las mismas dinámicas de los grupos criminales que con las acciones estatales. En efecto, en muchas ocasiones, los indicadores criminales se mueven por una lógica que supera la intervención del Estado.

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que dejemos de exigir resultados de las autoridades, pero sobretodo, que éstas dejen de intentar nuevas aproximaciones e insistir en las que ya se están aplicando. En esencia, la lección principal de estos estudios es que la seguridad es un asunto tan complejo que solo bajo la influencia de políticas constantes e innovadoras se pueden alcanzar mejorías notables en el tiempo. Incluso, si no estamos del todo seguros cuál ha sido la más efectiva.

Porque en el tema de la seguridad no importa si cada política es como un disparo en la oscuridad; hay que seguir intentando, pues nunca se sabe cuál dará en el blanco.

jueves, 14 de febrero de 2013

DISPAROS EN LA OSCURIDAD - El Colombiano

DISPAROS EN LA OSCURIDAD - El Colombiano

Estudios recientes en algunas ciudades de Estados Unidos han demostrado que, en el mejor de los casos, no estamos muy seguros de qué políticas son más efectivas para combatir el crimen y la violencia urbana. Esta es una conclusión frustrante para países como Colombia y ciudades como Medellín, que enfrentan enormes desafíos en términos de seguridad.

martes, 12 de febrero de 2013

Detente (RealpolitikMundial)

Detente

El gobierno norcoreano confirmó este 11 de febrero que había realizado con éxito la tercera prueba nuclear de su historia. En un paraje del noreste del país, detonó un artefacto nuclear de unos diez mil kilotones, ante las protestas y el rechazo internacional. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón calificaron el hecho de “provocación”, mientras que China, el único aliado que le queda al régimen norcoreano, se unió al rechazo, llamando la prueba como una acción contraproducente para la paz en la península coreana.
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viernes, 8 de febrero de 2013

Levantarse de la mesa (versión extensa)


Por Santiago Silva Jaramillo

El escepticismo ha definido la actitud general de la mayoría de los colombianos respecto a las negociaciones que el gobierno nacional adelanta con las Farc en La Habana. En efecto, aunque algunas encuestas han mostrado un apoyo importante al proceso, al preguntar por la confianza en el éxito del mismo o los resultados esperados, los ciudadanos son bastante pesimistas.

Pero esto no es una sorpresa; la larga historia de desengaños alrededor de las negociaciones con las guerrillas bien explica nuestras reservas. Peor aun, nuestro escepticismo no ha sido defraudado; la manera cómo se ha dirigido este último intento nos ha recordado por qué no creíamos en él en primer lugar.

Sin embargo, todo lo empeora la actitud complaciente del gobierno (con excepciones notables, como las recientes declaraciones de Humberto de la Calle) respecto al secuestro de dos policías por parte de las Farc y la violación de su propia tregua unilateral en diciembre y enero. En el primer caso, la guerrilla había declarado que dejaba atrás el secuestro para cumplir una de las supuestas condiciones que Santos había puesto al inicio de los diálogos. No lo cumplieron entonces, pues las denuncias de secuestrados anónimas superan los cientos, ni ahora, con su supuesto y cínico “derecho a retener policías y militares”.

En el segundo caso, el gobierno exculpó con un descaro pasmoso el incumplimiento de la tregua autoimpuesta; al sostener el ya tristemente célebre: “las Farc cumplieron”, incluso cuando cometieron en ese mes casi cincuenta acciones armadas.

Lo que el gobierno no ha planteado con claridad, y que resulta fundamental para los colombianos e incluso para las Farc, es el límite luego del cual se levantaría de la mesa. De hecho, la ausencia de fundamentales claros ha permitido que la guerrilla continúe sus actividades criminales con tranquilidad mientras sus negociadores ganan tiempo y obtienen prerrogativas en Cuba.

Lo preocupante es que estas acciones siguen “midiendo el aceite” al gobierno, mientras éste no parece tener claro cuál es su punto de quiebre.

El problema es que luego de dos años de un gobierno con resultados mediocres, el presidente Santos le ha apostado todas sus fichas por una reelección al desarrollo del proceso con las Farc. En esencia, esto supone entregarle un enorme poder político a Iván Márquez y los negociadores del grupo guerrillero. Ellos, que son de todo menos tontos, saben muy bien la cómoda situación en la que se encuentran y las acciones de los últimos días demuestran que harán todo lo que puedan para sacarle el mayor provecho.

Y los colombianos seguimos preguntándonos, ¿hasta dónde aguantará el gobierno?

Entretanto: esta semana Catalejo cumple un año de estarse publicando en el periódico El Colombiano. Este no ha sido ni es un esfuerzo individual; se nutre de los comentarios, reclamos, concejos, regaños e interés de muchas personas a las que solo puedo ofrecer este tímido agradecimiento.