Los últimos meses han estado llenos de señales de una probable “retirada” de Estados Unidos de los asuntos mundiales; la crisis económica, el final de la misión en Afganistán, las guerras en Libia, Siria y Malí, la eventual autosuficiencia energética y el más reciente discursos al Estado de la Unión del presidente Obama llevan a pensar que el tradicional aislacionismo estadounidense puede estar de regreso. Pero a diferencia de lo que muchos podrían querer pensar, un mundo sin la participación activa de Estados Unidos sería menos seguro, menos próspero y menos estable.
lunes, 25 de febrero de 2013
Imperio Apático
Imperio Apático
viernes, 22 de febrero de 2013
Fijarse en el suelo (versión extensa)
Esta es la versión extensa de mi columna publicada en el periódico El Colombiano el jueves 21 de febrero de 2013.
Por Santiago Silva Jaramillo
(@santiagosilvaj)
Las Farc continúan sembrando
de minas el campo colombiano, pero en los cínicos objetivos de negociación
de la agenda de La Habana no existe la más mínima mención a la enorme labor de
desminado o la atención a las miles de víctimas que implicará un pos conflicto.
En 2011, 538 personas fueron
víctimas de minas anti persona en Colombia. Somos los terceros en el mundo,
después de Afganistán y Pakistán.
Colombia tiene, según el “Monitor
de Minas Terrestres y Munición de Racimo”, entre 10 y 100 kilómetros cuadrados de
su territorio sembrado de minas anti persona. La organización internacional
señala a las Farc como el principal grupo armado en la utilización de estos
instrumentos y de artefactos explosivos improvisados. De hecho, su informe
anual de 2012 los llama “el grupo rebelde más prolífico en el uso de minas
anti persona en el mundo”; otro de esos deshonrosos honores que sigue
acumulando la guerrilla y su viejo accionar criminal.
De igual manera, el horrendo y
extensivo uso por parte las Farc de minas anti persona nos ha logrado clasificar
para hacer parte del club de países con más de cinco mil víctimas; de nuevo,
compartimos podio con Afganistán, Irán y Somalia. Las cicatrices de esta
silenciosa y en ocasiones ignorada tragedia, serán muy difíciles de sanar; sobre
todo con unos victiminarios que ante las acusaciones solo se encogen de
hombros.
Pero el tamaño de este problema
parece no haber sido suficiente para el Gobierno Nacional; en efecto, la
atención a las victimas y el desminado no se incluyeron en los temas a discutir
dentro de la agenda de negociación en La Habana.
En este sentido, el pasado siete
de febrero el Secretario
de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, hizo un llamado al Gobierno y a
las Farc para que discutan el tema, dada la crítica situación del Departamento,
en dónde 98 de los 125 municipios tienen presencia de minas anti persona o artefactos
explosivos improvisados. En efecto, según el funcionario, Antioquia aporta el
22% de las víctimas de minas anti persona del país, pues desde 1990, unas 2.263
personas han sido heridas o muertas por estos artefactos.
Al utilizar con tan irresponsable y criminal intensidad un artilugio de
muerte tan injusto e indiscriminado como las minas anti persona, las Farc han
adquirido una enorme deuda con el país, una que solo en una ínfima pero
importante parte pueden pagar si ayudan a las labores de desminado; si nos
pueden señalar los campos de muerte que ellos mismos sembraron. Sería apenas
sensato esperar que el Gobierno, en alguno de raros intervalos de coraje, exija
esto como parte de los acuerdos finales del agridulce proceso de La Habana.
jueves, 21 de febrero de 2013
FIJARSE EN EL SUELO - El Colombiano
FIJARSE EN EL SUELO - El Colombiano
Las Farc continúan sembrando de minas el campo colombiano, pero en los cínicos objetivos de negociación de la agenda de La Habana no existe la más mínima mención a la enorme labor de desminado o la atención a las miles de víctimas.
viernes, 15 de febrero de 2013
Disparos en la oscuridad (versión extensa)
Esta es la versión extensa de mi columna publicada en el periódico El Colombiano el 14 de febrero de 2013.
Por Santiago Silva Jaramillo
Estudios recientes
en algunas ciudades de Estados Unidos han demostrado que, en el mejor de los
casos, no estamos muy
seguros de qué políticas son más efectivas para combatir el crimen y la
violencia urbana. Esta es una conclusión frustrante para países como Colombia
y ciudades
como Medellín, que enfrentan enormes desafíos en términos de seguridad.
“El Alcalde tiene la culpa”, se
oye en una conversación casual de cafetería, “la Policía no hace suficiente”,
sentencia un segundo comensal. Son declaraciones bien conocidas, incluso
compartidas por la mayoría de los ciudadanos de Medellín. La inseguridad es uno
de nuestros peores problemas públicos; una carga enorme que hemos tenido que
llevar a cuestas por demasiado tiempo y que aunque en ocasiones se haga más
ligera, nunca nos abandona del todo.
Por eso es entendible la
frustración ciudadana cuando los resultados no parecen ajustarse a los enormes
esfuerzos y cuando las políticas de las autoridades locales y nacionales
parecen palidecer ante el firme accionar de los grupos delincuenciales.
Según los hallazgos de la
investigación conducida por el sociólogo de la Universidad de Nueva York, David
Greenberg, la reducción histórica del crimen en su ciudad no se dio por
publicitadas estrategias policiales como “ventanas rotas”, los sistemas de
mapeo o el aumento de las cámaras de seguridad.
De hecho, Greenberg reconoce que
las mejorías en seguridad de la mayoría de las ciudades estadounidenses es
inexplicable; en tanto establecer una relación causa-efecto entre políticas y
estrategias de policía y la reducción del crimen en los últimos veinte años no
ha sido posible.
Algo similar sucedió en Medellín entre
2003 y 2007, cuando la ciudad alcanzó la tasa de homicidios más baja de sus
últimos 20 años. Las políticas del gobierno nacional y del local seguro
ayudaron, pero la dramática caída en la violencia de la ciudad tuvo mucho más
que ver con las mismas dinámicas de los grupos criminales que con las acciones
estatales. En efecto, en muchas ocasiones, los indicadores criminales se mueven
por una lógica que supera la intervención del Estado.
Esto no quiere decir, ni mucho
menos, que dejemos de exigir resultados de las autoridades, pero sobretodo, que
éstas dejen de intentar nuevas aproximaciones e insistir en las que ya se están
aplicando. En esencia, la lección principal de estos estudios es que la
seguridad es un asunto tan complejo que solo bajo la influencia de políticas
constantes e innovadoras se pueden alcanzar mejorías notables en el tiempo.
Incluso, si no estamos del todo seguros cuál ha sido la más efectiva.
Porque en el tema de la seguridad
no importa si cada política es como un disparo en la oscuridad; hay que seguir intentando,
pues nunca se sabe cuál dará en el blanco.
jueves, 14 de febrero de 2013
DISPAROS EN LA OSCURIDAD - El Colombiano
DISPAROS EN LA OSCURIDAD - El Colombiano
Estudios recientes en algunas ciudades de Estados Unidos han demostrado que, en el mejor de los casos, no estamos muy seguros de qué políticas son más efectivas para combatir el crimen y la violencia urbana. Esta es una conclusión frustrante para países como Colombia y ciudades como Medellín, que enfrentan enormes desafíos en términos de seguridad.
martes, 12 de febrero de 2013
Detente (RealpolitikMundial)
Detente
El gobierno norcoreano confirmó este 11 de febrero que había realizado con éxito la tercera prueba nuclear de su historia. En un paraje del noreste del país, detonó un artefacto nuclear de unos diez mil kilotones, ante las protestas y el rechazo internacional. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón calificaron el hecho de “provocación”, mientras que China, el único aliado que le queda al régimen norcoreano, se unió al rechazo, llamando la prueba como una acción contraproducente para la paz en la península coreana.
...
viernes, 8 de febrero de 2013
Levantarse de la mesa (versión extensa)
Por Santiago Silva Jaramillo
El escepticismo ha definido la
actitud general de la mayoría de los colombianos respecto a las negociaciones
que el gobierno nacional adelanta con las Farc en La Habana. En efecto, aunque
algunas encuestas han mostrado un apoyo importante al proceso, al preguntar por
la confianza en el éxito del mismo o los resultados esperados, los ciudadanos son
bastante pesimistas.
Pero esto no es una sorpresa; la
larga historia de desengaños alrededor de las negociaciones con las guerrillas
bien explica nuestras reservas. Peor aun, nuestro escepticismo no ha sido
defraudado; la manera cómo se ha dirigido este último intento nos ha recordado
por qué no creíamos en él en primer lugar.
Sin embargo, todo lo empeora la
actitud complaciente del gobierno (con excepciones notables, como las recientes
declaraciones de Humberto de la Calle) respecto al secuestro
de dos policías por parte de las Farc y la violación de su propia tregua
unilateral en diciembre y enero. En el primer caso, la guerrilla había
declarado que dejaba atrás el secuestro
para cumplir una de las supuestas condiciones que Santos había puesto al inicio
de los diálogos. No lo cumplieron entonces, pues las denuncias de secuestrados
anónimas superan los cientos, ni ahora, con su supuesto y cínico “derecho a
retener policías y militares”.
En el segundo caso, el gobierno
exculpó con un descaro pasmoso el incumplimiento de la tregua autoimpuesta; al
sostener el ya tristemente célebre: “las Farc cumplieron”, incluso cuando
cometieron en ese mes casi cincuenta acciones armadas.
Lo que el gobierno no ha
planteado con claridad, y que resulta fundamental para los colombianos e
incluso para las Farc, es el límite luego del cual se levantaría de la mesa. De
hecho, la ausencia de fundamentales claros ha permitido que la guerrilla
continúe sus actividades
criminales
con tranquilidad mientras sus negociadores ganan tiempo y obtienen
prerrogativas en Cuba.
Lo preocupante es que estas
acciones siguen “midiendo
el aceite” al gobierno, mientras éste no parece tener claro cuál es su
punto de quiebre.
El problema es que luego de dos
años de un gobierno con resultados mediocres, el presidente Santos le ha
apostado todas sus fichas por una reelección al desarrollo del proceso con las
Farc. En esencia, esto supone entregarle un enorme poder político a Iván
Márquez y los negociadores del grupo guerrillero. Ellos, que son de todo menos tontos,
saben muy bien la cómoda situación en la que se encuentran y las acciones de
los últimos días demuestran que harán todo lo que puedan para sacarle el mayor
provecho.
Y los colombianos seguimos
preguntándonos, ¿hasta dónde aguantará el gobierno?
Entretanto: esta semana Catalejo
cumple un año de estarse publicando en el periódico El Colombiano. Este no ha
sido ni es un esfuerzo individual; se nutre de los comentarios, reclamos,
concejos, regaños e interés de muchas personas a las que solo puedo ofrecer
este tímido agradecimiento.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)