(Esta es la versión extensa de mi columna publicada en el periódico El Colombiano el 17 de enero de 2012, incluye enlaces y el desarrollo de algunas ideas insinuadas en el texto original).
Por Santiago Silva Jaramillo
La diferencia en el trato
prestado a Venezuela, del dispensado hace unos meses a Paraguay en sus
respectivas crisis constitucionales es prueba de la hipocresía y los dobles
estándares que los demás países latinoamericanos usan en su supuesta “defensa”
de la democracia. De hecho, la región se encuentra a merced de dictadorzuelos
tropicales y hombres fuertes en gran medida por la alcahuetería internacional;
por la incapacidad excusada en la “diplomacia” de rechazar cuando un gobierno
latinoamericano atropella las instituciones democráticas de su país.
Aunque este asunto no es tan
simple. En realidad, algunos gobiernos latinoamericanos están dispuestos a
entrometerse en la política interna de sus vecinos, mientras, por supuesto,
sirva a sus intereses políticos. Mejor dicho, que la famosa “defensa de la
instituciones democráticas” se ha convertido en la excusa perfecta para apoyar
a aquellos gobiernos aliados que precisamente se apuran en oprimir a sus ciudadanos
y violentar sus leyes o para presionar a los que resultan incómodos.
El silencio
regional a lo ocurrido en Venezuela en las últimas semanas supone el último
capítulo de una larga serie de esta hipocresía internacional frente a las
arbitrariedades y violaciones de un régimen con aspiraciones absolutistas. El
"chavismo" se ha propuesto violar las pocas normas que quedaban sin
violar en Venezuela con tal de permanecer en el poder y por su omisión o alcahuetería,
el silencio o apoyo al atropello de la constitución en Venezuela cubre de vergüenza
a toda la región.
Todo el episodio resulta
particularmente incomodo porque solo hace un año Paraguay,
enfrentando una crisis constitucional apenas un poco menos grave que la
venezolana, recibió durísimas críticas internacionales e incluso fue sancionado
por parte de Mercosur. Los paraguayos habían actuado de acuerdo a su
constitución, destituyendo a su presidente Fernando Lugo en una votación del
parlamento que aunque rápida, no por eso fue menos legal o legítima. Sin
embargo, utilizar esta herramienta constitucional solo les trajo problemas con
sus vecinos, en tanto el gobierno de izquierda que caía era reemplazado por uno
de derecha que no podía ser bien recibido por los líderes políticos en Buenos
Aires, Brasilia y Caracas.
Como siempre, la interpretación
legal da para todo, lo que importa son las decisiones políticas que hay detrás
y las consecuencias institucionales que implicarán. La polarización y el
conflicto en Venezuela, con lo ocurrido en los últimos días, solo apuntan a
profundizarse. Ojalá sea entonces la
valentía de la oposición venezolana y los mismos venezolanos, la que al final
lleve al buen desenlace de esta historia y que sean sus acciones las que
rediman la vergüenza que en su inactividad y cobardía, deben cargar los
demócratas de toda Latinoamérica.
