Esta es la versión extensa de mi columna, publicada el pasado 17 de abril de 2014 en el periódico El Colombiano.
Por Santiago Silva Jaramillo
El pasado jueves
10 de abril, el Gobierno Nacional y la Policía, encabezado por un
presidente Santos de ceño fruncido y tono vociferante, dio inicio a la
destrucción de las casas en las que han funcionado expendios de droga. Unas 92
casas han sido señaladas en todo el país para la demolición, y los bulldozer ya
han empezado la melodramática labor de echar al suelo las antiguas “ollas” de
vicio.
La apuesta, aunque torpe, es muy
clara: destruir físicamente el espacio donde funciona la distribución menudeada
de droga en las ciudades, buscando evitar que se sigan utilizando para este
fin.
Demoler las casas donde se vendía
droga es la mejor expresión de "vender el sofá" que nos ha dado
Colombia en los últimos años. El micro tráfico no se ve afectado, sino
tangencialmente, por esta medida, que parece más una excusa para la
politiquería de un candidato haciendo agua, que parte de un esfuerzo serio
contra la venta de drogas ilegales en las calles colombianas.
De hecho, cualquier coyuntura que
gane suficiente tracción en los medios llama, como a los buitres, a los legisladores
y politiqueros colombianos. Los recientes
ataques con ácido –que no han sido los únicos, el problema es bastante
viejo-, y que aunque trágicos y absolutamente censurables, no constituyen la
epidemia de degeneración social que algunos alarmistas denuncian.
La candidata conservadora a la
presidencia, Martha
Lucía Ramírez, en un arranque de arribismo y populismo punitivo, propuso la
semana pasada que se castigue con “prisión perpetua” a violadores y personas
que agreden a otras con ácido. El Movimiento Mira también aprovechó la
coyuntura para retomar una iniciativa para endurecer las penas.
Pero ¿pueden penas mayores
prevenir este tipo de delitos?
De acuerdo a lo reportado hasta
el momento, los ataques con ácido en Colombia son, ante todo, crímenes
pasionales. Penas más duras para estos delitos bien pueden constituir un
castigo merecido o sacar de las calles a un personaje peligroso, pero resulta
poco probable que disuadan a un futuro atacante de agredir a su víctima.
El caso es que algunos políticos
se están aprovechando de un contexto de rentabilidad política, con un tema que
logró inscribirse en la agenda mediática y, poco a poco, logra meterse en la
agenda institucional, impulsada por la ambición de los politiqueros y la
presión sobre los funcionarios.
Así, terminamos con leyes y
políticas coyunturales, seguimos pretendiendo que las leyes nos salvarán, que
legislar, además de un deporte nacional, puede cambiar realmente los profundos
problemas de país.
Peor aún, legislar al ritmo de la
distraída y paranoica agenda mediática no solo es dañino –y se presta para
populismo y politiquería- sino que puede llevar a que se construyan soluciones simplistas
y tontas para problemas que son reales y que merecen, como todos, de una
discusión social amplia y juiciosa, no del tire y afloje de las pretensiones
electorales de los políticos.
Pie de página: la arepa en la valla de campaña de Santos en la
avenida Las Vegas en Medellín es tan ridícula, que por poco ni siquiera resulta
ofensiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario